PDI allana oficinas del Minvu por orden de fiscalía ante investigación
La investigación también abarcaría otras zonas del país, como Antofagasta, Bío Bío y Los Lagos, donde se han documentado convenios irregulares.
En el marco del Caso Convenios, la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) está llevando a cabo un allanamiento este jueves en las oficinas del Ministerio de Vivienda. Esta acción se realiza siguiendo una orden de la Fiscalía de Tarapacá. Durante la operación judicial y policial, el ministro Carlos Montes se encontraba en su oficina. Además, se estaría realizando la misma acción en las dependencias del Serviu en otras regiones del país.
La Fiscalía de Tarapacá informó que "esta mañana, la brigada de Delitos Anticorrupción de la Policía de Investigaciones, bajo la dirección del fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, allanó las dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en Santiago".
Con el objetivo de incautar todos los antecedentes físicos y digitales relacionados con las fundaciones En Red Social y Enlace Urbano, la Fiscalía, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), tomó acción por la investigación en curso de las transferencias realizadas entre la seremía de Vivienda de Tarapacá y dichas fundaciones, que ascienden a unos 1.800 millones de pesos.
El registro se efectuó en las oficinas del ministerio, la subsecretaría de Vivienda, la División de Política Habitacional y el Departamento de Asentamientos Precarios, todos ubicados en Alameda 924. Aproximadamente a las 09:50 horas, 12 personas de la Fiscalía y la PDI ingresaron con la orden de allanamiento.
Según el último informe de la Contraloría General de la República, la seremía de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá mantenía rendiciones pendientes respecto de la fundación En Red Social por más de 168 millones de pesos y Enlace Urbano por casi 432 millones de pesos. La Contraloría señaló diversas observaciones, como la ausencia de manuales de procedimientos, la falta de un procedimiento formal para la selección de entidades ejecutoras y la carencia de control y monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios, entre otros aspectos.
La investigación también abarcaría otras zonas del país, como Antofagasta, Bío Bío y Los Lagos, donde se han documentado convenios irregulares.
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La causa fue presentada por seis concejales y se basa en 15 casos de irregularidades, como problemas en gestión del exvertedero La Chimba y contratos de recolección de residuos.
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