Un grupo de habitantes de Tocopilla, respaldados por organizaciones ambientalistas como Chile Sustentable, Greenpeace y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta acción legal busca detener la quema de 94.000 toneladas de carbón autorizada por el Coordinador Eléctrico Nacional a AES Andes, empresa propietaria de las unidades termoeléctricas Norgener 1 y 2 en Tocopilla.
La medida, que ha estado en marcha desde el 18 de febrero pasado, ha generado preocupación entre los recurrentes, quienes argumentan que la autorización carece de justificación legal y ambiental. Además, señalan que no se han evaluado adecuadamente los posibles impactos adversos para terceros ni para el equilibrio del mercado eléctrico.
“La población de Tocopilla, afectada históricamente por la quema de carbón, se encuentra en una situación de desamparo. Ante la falta de fiscalización y cumplimiento de normativas por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, la comunidad recurre al recurso de protección constitucional frente a la Corte Suprema, debido a la ineficacia de las instituciones del Ejecutivo”, denotó Sara Larraín, directora de Chile Sustentable.
Según informa El Regionalista, el recurso de protección solicita específicamente el cese inmediato de la quema de carbón, la revocación de la autorización concedida a AES, el respeto al orden de despacho económico en el sistema eléctrico nacional y el cumplimiento por parte de AES de su obligación de elaborar los Planes de Abandono correspondientes.
Cabe destacar que la autorización para la quema de carbón fue otorgada por el Coordinador Eléctrico Nacional a AES Andes SA, argumentando que esta medida era la única alternativa viable para cumplir con obligaciones ambientales, tras el cierre anticipado de las unidades mencionadas.
La acción legal también señala la omisión de AES en buscar los permisos ambientales pertinentes para la gestión de sus excedentes de carbón, así como el incumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en las resoluciones de calificación ambiental de las unidades Norgener 1 y 2.
Por otro lado, se denuncia el actuar ilegal del Coordinador Eléctrico Nacional, quien autorizó la quema de carbón sin fundamentos legales ni ambientales, pasando por alto su obligación de seguir el orden económico de despacho en el sistema eléctrico nacional.
Fuente: El Regionalista
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