Antofagasta: Royalty Minero recibe críticas por asignación de recursos

Escrito por: Sofía Pinochet

El pasado miércoles 10 de mayo la Comisión de Hacienda del Senado despachó a su tercer trámite la iniciativa del gobierno, Royalty Minero, la cual contempla una modificación tributaria que permitirá aumentar el aporte del sector a los ingresos fiscales, y destinar una parte de la recaudación total al desarrollo productivo de las regiones y comunas del país. 

En caso de ser aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, la iniciativa entrará en vigencia en 2024, y considerará la creación de tres fondos que permitan destinar más de US $450 millones de recursos adicionales a gobiernos regionales y municipios, para aumentar sus capacidades financieras y de gestión, por un período de diez años. 

• Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US $225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales, los cuales serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
• Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US $170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, 309 municipios recibirán recursos por esta vía. 
• Fondo Comunas Mineras, por US $55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros. 

En total 32 comunas serán beneficiadas. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, en la región de Antofagasta se distribuirán recursos por un total de $23.145 millones, los cuales beneficiarán tanto al Gobierno Regional como a todas las comunas de la zona. Si este monto se divide por la población existente, el aporte sería de $33.454 per cápita. 

En este sentido, y según lo informado por la Cámara de Comercio de Antofagasta, la región recibiría sólo un 5,8% de las asignaciones regionales, las cuales conforman un tercio del total recaudado a nivel nacional, posicionándose en el noveno lugar entre todas las regiones en cuanto a la retribución adicional. Esta situación ha generado críticas por parte del presidente del gremio, Antonio Sánchez, quien calificó la baja asignación de recursos como inaceptable, considerando que Antofagasta genera alrededor del 50% de la producción de cobre nacional, y los recursos no son renovables. 

“Cuando a nuestra región se le acaben los minerales, el resto de las regiones va a seguir teniendo industria forestal, vitivinícola, salmonicultura, frutícola , entre otras. Van a seguir teniendo industrias de recursos que son renovables, por lo tanto nuestros recursos, principalmente tienen que ser utilizados en la generación de nuevas fuentes de riqueza para las generaciones futuras, esa es la importancia. No se trata de un egoísmo, se trata que estamos hablando del futuro de la riqueza de la región, de cómo hacemos sustentables para el futuro estos recursos que se van a agotar”, explicó el dirigente. 

Al respecto, el economista y coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González, declaró que “cuando se consideran las cifras totales per cápita, es decir, lo que recibirá cada región del país por habitante, vemos que con la distribución que se propone, las regiones mineras no reciben un monto diferente a algunas regiones no mineras y eso claramente es discutible. Cuando hablamos de un impuesto específico que se aplica sobre una actividad cuyos efectos más directos se producen en las zonas aledañas a los yacimientos, se esperaría que esas zonas sean las más beneficiadas con la recaudación extra que se obtiene”. 

Tras estos cuestionamientos, el Ejecutivo aseguró que, además de los recursos ya advertidos, se sumarán recursos adicionales que alcanzarían poco más de 550 millones de dólares en los próximos años, cifra que también fue evidenciada por el seremi de gobierno, Pablo Iriarte, al referirse a la creación de fondos extras que “precisamente vienen a aportar mayores recursos a la región, como el ‘Fondo Plurianual de Seguridad Ciudadana’, que aportará más de 350 millones de dólares por tres años, a partir del 2025, y el ‘Fondo de Infraestructura Productiva’ que particularmente está dirigido a las regiones del norte, y que son cerca de 250 millones de dólares más entre el año 2024 y el 2026”.