Sesenta y cuatro familias de las localidades de Río Grande, Lasana, Cupo y San Pedro de Atacama serán beneficiadas con la regularización de su título de dominio gracias a la firma de convenio entre la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales y CONADI.
Este convenio nace de la necesidad de dar solución a una problemática presente en la Provincia El Loa y que tiene relación con la existencia de un número considerable de familias que se encuentran irregulares respecto a la posesión o dominio de los inmuebles que habitan, impidiéndoles postular a subsidios y beneficios entregados por el Estado o realizar mejoras para sus hogares.
La firma de este documento, realizada el viernes pasado en Calama, fue encabezada por la Seremi de Bienes Nacionales, Angelique Araya, y el Jefe (S) de CONADI, Pablo Madariaga, quienes destacaron la importancia de este acuerdo que tendrá una duración de 12 meses.
“Estamos trabajando fuertemente, por especial encargo de nuestra Ministra y Subsecretaria, para que los habitantes de esta región logren el sueño de ser legalmente dueños de su propiedad, teniendo así opciones de postular a subsidios para el mejoramiento de la vivienda, algunos servicios sanitarios, agua potable, alcantarillado, electricidad o créditos agrícolas, además de poder heredar la propiedad a sus seres queridos o venderla”, señaló la Seremi Angelique Araya.
Por su parte, el Jefe (S) de CONADI, Pablo Madariaga, expresó “como corporación valoramos y agradecemos el interés de Bienes Nacionales para concretar este convenio con nosotros, y así beneficiar a nuevas comunidades de Atacama La Grande y Alto Loa, lo que confirma el compromiso con las comunidades ancestrales de nuestra nación”.
Para finalizar es importante señalar que esta regularización de Títulos de Dominio se realizará mediante la aplicación del Decreto Ley 2.695 de 1979 y a las personas que acrediten un Registro Social de Hogares en el percentil entre 0% y 60%.
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El CPLT identificó deficiencias en la entrega y actualización de información pública, mientras que el promedio de cumplimiento fue de solo 76,06%, el más bajo desde 2010.
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La hermana de Katherine, Karina Yoma, se refirió a la ausencia del antes edil, apuntando a que “quien nada teme y sabe que es inocente da la cara".
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Aunque la situación actual es considerada normal, se asegura actualizar protocolos y mantener informada a la ciudadanía, especialmente ante posibles varamientos de fauna marina.
el miércoles pasado a las 9:05
El CPLT identificó deficiencias en la entrega y actualización de información pública, mientras que el promedio de cumplimiento fue de solo 76,06%, el más bajo desde 2010.
el miércoles pasado a las 8:59
La institución busca "dar una señal a la comunidad de que en nuestro país existe una institucionalidad preparada para salvaguardar los derechos de las mujeres".
el miércoles pasado a las 8:43
La hermana de Katherine, Karina Yoma, se refirió a la ausencia del antes edil, apuntando a que “quien nada teme y sabe que es inocente da la cara".
el martes pasado a las 10:01
Las detenciones fueron coordinadas por la Policía de Investigaciones y los involucrados quedaron bajo custodia de Gendarmería para cumplir las medidas judiciales.
el martes pasado a las 9:37
Se deberá pagar más de $14 millones por daño emergente, lucro cesante y daño moral. El tribunal rechazó los recursos presentados por no haber error en la aplicación de derecho.
el martes pasado a las 9:06
Las instalaciones fueron visitadas por consejeros regionales, destacando el enfoque inclusivo del espacio. Solo resta la recepción municipal y equipamiento técnico.
el martes pasado a las 8:54
Aunque se ha registrado una leve disminución en comparación con años anteriores, la región mantiene un promedio de 1,7 unidades de basura por metro cuadrado.
el lunes pasado a las 11:42
El reporte privado en cuestión está relacionado con el caso de la profesora Katherine Yoma, quien se suicidó en marzo de 2024 tras denunciar agresiones.
el lunes pasado a las 10:27
Fundo Esperanza denuncia una delimitación arbitraria sin trabajo en terreno ni consulta indígena. Por otro lado, SQM cuestiona el exceso en el plazo legal del procedimiento.