Con una alta participación de vecinas y vecinos organizados en diversas agrupaciones comunitarias, además de autoridades regionales y comunales, se llevó a cabo el Primer Consejo Regional de Seguridad Pública liderado por la Delegada Presidencial Regional de Antofagasta Karen Behrens.

La actividad, desarrollada durante la mañana de este miércoles en la Sede Social de la Villa México de Antofagasta, tiene como objetivo construir participativamente los Planes Regionales de Seguridad con los representantes de las instituciones definidas por la ley 20.502, acción que constituye una de las prioridades en las tareas que realiza la Delegación Presidencial Regional.

Esta instancia en la que estuvo presente María Jesús Fernández, Jefa de la División de Coordinación Nacional Prevención del Delito, asistieron más de 45 entidades que se dieron a la tarea de validar los delitos más relevantes a nivel regional, recopilados y discutidos en anteriores jornadas de trabajo. De este modo, el Consejo fijó algunas directrices y guías compartidas entre las organizaciones sociales, las autoridades competentes y las policías, con el fin de resolver y enfrentar de mejor manera, considerando las prioridades de las bases, las problemáticas más recurrentes a nivel de seguridad pública, fiscalizaciones, capacitaciones, convenios y patrullajes preventivos, entre otros.

Después de la fructífera jornada, la delegada de Antofagasta manifestó que “este Consejo además cuenta con instituciones como la Seremi de Desarrollo Social, Justicia, Sernameg, y muchas instituciones que no solo tienen que ver con el control del delito, sino con la prevención, con la dimensión de rehabilitación, reinserción social y también atención a víctimas. En este consejo se establece la priorización de los delitos, con objetivos y metas claras entre 2022 y 2023, se hará un seguimiento de estas metas y además se va a delinear las acciones con el fin de combatir a la delincuencia”. Si bien, no es una novedad, en cuanto se construye desde los territorios, marca una diferencia con lo que se ha hecho en periodos anteriores”, añadió la delegada.

Por su parte, el Jefe Regional de la PDI, Prefecto Inspector Hernán Solís, indicó que “hay una base que está ya sacada por la Subsecretaría de la Prevención del Delito y en base a las denuncias que los mismos ciudadanos han realizado y en base a eso se establecerán las temáticas y los compromisos de cada institución”, destacando que, en su caso, la terea principal es la investigativa.

En tanto, el General jefe de la Segunda Zona, Gonzalo Castro, aseveró que “en los delitos de connotación social se observa un alza. Estamos volviendo a etapas pre-pandémicas y también hay un tipo de delitos, especialmente los violentos, que tienen un comportamiento normal. El análisis criminal es complejo, se deben considerar una serie de variables, pero lo importante es que todos estos análisis se construyan desde la información y estas son instancias donde la información debe fluir, se debe motivar que se presenten las denuncias, para nosotros contar con la información y poder focalizar adecuadamente nuestros recursos”.

El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro agradeció la invitación de la delegada presidencial Regional y valoró el aporte de este consejo “en poder acelerar los procesos, en poder establecer un plan sectorial importante, generar un desafió de rápida respuesta a la ciudadanía y eso se valora fuertemente. Hubo un trabajo de validación de prioridades muy importante, con ajustes que siempre se requieren, en un consenso, en un trabajo ciudadano, desde los roles jerárquicos que tiene cada institucionalidad y eso se valora”.

Además de las autoridades mencionadas, participaron de este Consejo el Gobierno Regional, el Alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, la alcaldesa de Sierra Gorda, Deborah Paredes, el Prefecto Ricardo Quiroz Pereda Jefe prefectura Provincial de Antofagasta, el representante de la Corte de Apelaciones o designado, el Fiscal Regional de Antofagasta (S) Cristian Aguilar Aranela; los fiscales Jefes de Calama, Cristian Aliaga Ayarza y Sacfi, Juan Castro Bekios junto al Fiscal Adjunto de Tocopilla, Andrés Godoy Rojas; la Directora Ejecutiva Regional, Ivonne Álvarez Contreras y los Jefes de UGI, Edwin Olivares y Unidad de Asesoría Jurídica, Alejandro Azócar de la Delegación de la Fiscalía. También asistieron del Servicio Mejor Niñez Marcelo Vildósol, el Director Regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, además de representantes de diversas juntas de vecinos de la ciudad.

¿Qué es el Consejo Regional de Seguridad Pública?

Su principal misión es construir participativamente los Planes Regionales de Seguridad con los representantes de las instituciones definidas por la ley 20.502. Es presidido por las/os Delegadas/os Presidenciales de cada región y está conformado por alcaldes/as, Seremi de Justicia, representantes de Fiscalía, Corte de Apelaciones, Ministerio Público, Carabineros, PDI, Gendarmería, Mejor Niñez y SENDA. Además, para mejorar las coordinaciones respectivas y alcanzar mayor participación, puede convocar a otras instituciones señaladas por la ley, con el fin de fortalecer el trabajo intersectorial y el abordaje íntegro de la materia: Gobernadores/as Regionales, Seremis de MMyEG, Minvu, Salud y Transportes, Cámaras de Comercio, Encargados/as Centros de Atención a Víctimas, entre otros.

Los Planes Regionales se elaboran mediante un proceso participativo que ha convocado a las 345 comunas del país, con foco en la participación de alcaldes/sas del país para integrar en el proceso de decisión a las instituciones y autoridades pertinentes, con el Consejo Regional de Seguridad Pública como instancia central.

Fruto de este trabajo, que comenzó en mayo de este año, surge el diagnóstico que se presentó en esta primera sesión del Consejo Regional de Seguridad, instancias participativas, ampliadas y presenciales, que ayudan a la sistematización y elaboración de la propuesta final de Plan Regional.

En los próximos meses, el trabajo del Consejo continuará, primero, con la validación del Plan en una sesión extraordinaria, la implementación y seguimiento del Plan, la realización de un segundo Consejo Regional donde se dará cuenta de los avances y nudos críticos en la implementación, y por último, la revisión y ratificación de acciones realizadas en el marco de la implementación del Plan, además de la actualización de diagnóstico del Plan, en un proceso que debe finalizar el primer trimestre de 2023.