El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento presentado por el Gobierno en el contexto del conflicto por el proyecto minero-portuario Dominga, lo que implica la suspensión temporal de los procesos judiciales actualmente en curso ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental (1TA). La resolución fue adoptada el 15 de abril por la Segunda Sala del TC, con tres votos a favor y dos en contra. El requerimiento fue ingresado por el Comité de Ministros el pasado 23 de marzo, tras una orden del 1TA que instruyó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución respecto del proyecto. El Ejecutivo argumenta que esta orden judicial excede las atribuciones del tribunal ambiental, ya que, según la legislación vigente, las decisiones ambientales deben ser tomadas exclusivamente por el Comité de Ministros. El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, señaló que el Gobierno está haciendo uso de las herramientas constitucionales para resguardar el Estado de derecho. Por su parte, la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, indicó que corresponde al TC determinar los límites entre las competencias judiciales y administrativas. En su resolución, el TC argumentó que el requerimiento cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución y su ley orgánica, y que la continuación de los procesos judiciales podría generar un “daño irreparable”, lo que justificó su suspensión provisional. Votaron a favor de la admisibilidad los ministros Nancy Yáñez, María Pía Silva y Mario Gómez Montoya. En contra lo hicieron Raúl Mera Muñoz y Marcela Peredo Rojas, quienes consideraron que no se daban las condiciones necesarias para admitir el requerimiento. Desde la empresa Andes Iron, responsable del proyecto Dominga, calificaron la acción del Gobierno como “una nueva maniobra dilatoria”, señalando que el fallo del 1TA buscaba únicamente dar cumplimiento a una sentencia emitida en diciembre de 2024. La compañía solicitó al SEA modificar el estatus del proyecto a “aprobado”. Fuente: SoyAntofagasta
El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación presentada por Andes Iron SpA contra la resolución del Comité de Ministros que, en junio de 2023, había calificado desfavorablemente el proyecto minero Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. El proyecto, que busca desarrollar dos minas para la extracción de concentrados de hierro y cobre, así como construir un megapuerto para exportar la producción, había recibido previamente una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en 2021, bajo ciertas condiciones ambientales. El tribunal señaló que el Comité de Ministros había emitido su resolución ignorando los términos de una sentencia anterior que había validado el proyecto, y que su actuación no se ajustó a lo establecido en dicha sentencia. Además, identificó irregularidades como la falta de imparcialidad de algunos ministros, quienes no se abstuvieron a pesar de haber expresado opiniones previas sobre el proyecto. También cuestionó la emisión de decisiones contradictorias y fuera del plazo legal establecido en la Ley N° 19.300, lo que afectó a Andes Iron. Como resultado, el tribunal otorgó un plazo de 15 días para que el Comité de Ministros vuelva a sesionar, esta vez con representantes que no tengan compromisos previos que afecten su imparcialidad, y para que la nueva resolución cumpla con las normas establecidas en el procedimiento de evaluación ambiental.
La comunidad atacameña de Socaire manifestó su preocupación por el proceso de consulta indígena llevado a cabo por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) respecto a los contratos de arrendamiento de las pertenencias mineras del Salar de Atacama, en el marco del acuerdo entre SQM y Codelco en relación con la Estrategia Nacional del Litio. La presidenta de la Comunidad Atacameña de Socaire, Sandra Cruz, expresó que el tiempo estipulado para la consulta, que es de 100 días, es insuficiente para abordar la complejidad de los temas que están en juego, especialmente considerando que las decisiones tendrán un impacto en la comunidad hasta el año 2060. Poner a priori un plazo así de estrecho y hacer énfasis públicamente en los tiempos del proceso, antes que en la relevancia de los temas de fondo, nos parece que no es considerar respetuosamente lo que las comunidades estamos poniendo en juego”, comentó Cruz. Además, la presidenta recordó que la consulta anterior realizada por Corfo en torno a la distribución de los aportes del Salar de Atacama había tomado 10 meses, sin lograr una plena conformidad entre las comunidades, a pesar de ser un proceso más limitado, que solo revisaba una cláusula de un contrato. En contraste, la consulta actual implica la revisión de varias cláusulas de cuatro contratos distintos, por lo que la comunidad cuestiona que el plazo de 100 días sea adecuado dada la mayor complejidad de este proceso. Según Cruz, la comunidad está más expuesta y vulnerable debido a la actividad extractiva de litio en su territorio, y lamentó que este aspecto no haya sido abordado en los primeros encuentros de consulta realizados por Corfo.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento presentado por el Gobierno en el contexto del conflicto por el proyecto minero-portuario Dominga, lo que implica la suspensión temporal de los procesos judiciales actualmente en curso ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental (1TA). La resolución fue adoptada el 15 de abril por la Segunda Sala del TC, con tres votos a favor y dos en contra. El requerimiento fue ingresado por el Comité de Ministros el pasado 23 de marzo, tras una orden del 1TA que instruyó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución respecto del proyecto. El Ejecutivo argumenta que esta orden judicial excede las atribuciones del tribunal ambiental, ya que, según la legislación vigente, las decisiones ambientales deben ser tomadas exclusivamente por el Comité de Ministros. El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, señaló que el Gobierno está haciendo uso de las herramientas constitucionales para resguardar el Estado de derecho. Por su parte, la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, indicó que corresponde al TC determinar los límites entre las competencias judiciales y administrativas. En su resolución, el TC argumentó que el requerimiento cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución y su ley orgánica, y que la continuación de los procesos judiciales podría generar un “daño irreparable”, lo que justificó su suspensión provisional. Votaron a favor de la admisibilidad los ministros Nancy Yáñez, María Pía Silva y Mario Gómez Montoya. En contra lo hicieron Raúl Mera Muñoz y Marcela Peredo Rojas, quienes consideraron que no se daban las condiciones necesarias para admitir el requerimiento. Desde la empresa Andes Iron, responsable del proyecto Dominga, calificaron la acción del Gobierno como “una nueva maniobra dilatoria”, señalando que el fallo del 1TA buscaba únicamente dar cumplimiento a una sentencia emitida en diciembre de 2024. La compañía solicitó al SEA modificar el estatus del proyecto a “aprobado”. Fuente: SoyAntofagasta
El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación presentada por Andes Iron SpA contra la resolución del Comité de Ministros que, en junio de 2023, había calificado desfavorablemente el proyecto minero Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. El proyecto, que busca desarrollar dos minas para la extracción de concentrados de hierro y cobre, así como construir un megapuerto para exportar la producción, había recibido previamente una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en 2021, bajo ciertas condiciones ambientales. El tribunal señaló que el Comité de Ministros había emitido su resolución ignorando los términos de una sentencia anterior que había validado el proyecto, y que su actuación no se ajustó a lo establecido en dicha sentencia. Además, identificó irregularidades como la falta de imparcialidad de algunos ministros, quienes no se abstuvieron a pesar de haber expresado opiniones previas sobre el proyecto. También cuestionó la emisión de decisiones contradictorias y fuera del plazo legal establecido en la Ley N° 19.300, lo que afectó a Andes Iron. Como resultado, el tribunal otorgó un plazo de 15 días para que el Comité de Ministros vuelva a sesionar, esta vez con representantes que no tengan compromisos previos que afecten su imparcialidad, y para que la nueva resolución cumpla con las normas establecidas en el procedimiento de evaluación ambiental.
La comunidad atacameña de Socaire manifestó su preocupación por el proceso de consulta indígena llevado a cabo por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) respecto a los contratos de arrendamiento de las pertenencias mineras del Salar de Atacama, en el marco del acuerdo entre SQM y Codelco en relación con la Estrategia Nacional del Litio. La presidenta de la Comunidad Atacameña de Socaire, Sandra Cruz, expresó que el tiempo estipulado para la consulta, que es de 100 días, es insuficiente para abordar la complejidad de los temas que están en juego, especialmente considerando que las decisiones tendrán un impacto en la comunidad hasta el año 2060. Poner a priori un plazo así de estrecho y hacer énfasis públicamente en los tiempos del proceso, antes que en la relevancia de los temas de fondo, nos parece que no es considerar respetuosamente lo que las comunidades estamos poniendo en juego”, comentó Cruz. Además, la presidenta recordó que la consulta anterior realizada por Corfo en torno a la distribución de los aportes del Salar de Atacama había tomado 10 meses, sin lograr una plena conformidad entre las comunidades, a pesar de ser un proceso más limitado, que solo revisaba una cláusula de un contrato. En contraste, la consulta actual implica la revisión de varias cláusulas de cuatro contratos distintos, por lo que la comunidad cuestiona que el plazo de 100 días sea adecuado dada la mayor complejidad de este proceso. Según Cruz, la comunidad está más expuesta y vulnerable debido a la actividad extractiva de litio en su territorio, y lamentó que este aspecto no haya sido abordado en los primeros encuentros de consulta realizados por Corfo.
