Este fin de semana registraron 12 vehículos que prestaban servicio de transporte informal (“taxis piratas”) fueron restirados de circulación en Calama, tras las fiscalizaciones realizadas por la Delegación Presidencial Provincial de El Loa en conjunto con el Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Trasportes y telecomunicaciones (MTT), Carabineros y el municipio de la ciudad.
Durante el proceso, fueron 83 los controles realizados a diferentes vehículos durante el viernes y el sábado, y en ellos se cursaron 43 multas. El total de las infracciones, un 25% fueron por vehículos no inscritos en el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros y que estaban realizando transporte informal. A ellas le siguieron el facilitar el vehículo a un conductor sin licencia o no autorizado para manejarlo, y problemas con la revisión técnica vencida, entre otras faltas.
En esta misma línea, el jefe del Programa de Fiscalización del MTT, Óscar Carrasco, comentó que “este operativo se ejecutó con el refuerzo de dos fiscalizadores provenientes de la Región Metropolitana, obedece a la preocupación que existe sobre la presencia de este tipo de servicios que no cuentan con conductores profesionales, y que, en caso de un accidente, no garantiza que sean cubiertos por los seguros correspondientes”.
“Con este operativo estamos reforzando las fiscalizaciones que se realizan en la región en cuanto al control del denominado ‘transporte pirata’. Quienes se dedican a estos servicios deben tener claro que no están autorizados para transportar pasajeros y se exponen a duras multas que pueden superar los 900 mil pesos, además del retiro del vehículo”, agregó Carrasco.
Paralelamente, la seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Antofagasta, Romina Vera, indicó que “la fiscalización se realizó de acuerdo con los compromisos adquiridos con la comunidad y los gremios del transporte público, anunciando que continuará durante este mes”.
“Entendemos, como Ministerio, que fiscalizar es cuidar. Parte de la responsabilidad que tenemos es responder a las necesidades de la ciudadanía y entre ellas está la inseguridad que genera el transporte informal. Este flagelo además tiene una afectación al transporte público y por ello seguiremos generando estas campañas, y estos operativos especiales, porque entendemos nuestro rol de fiscalizador como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”, declaró la autoridad.
Por su parte, el delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, explicó que “estas acciones lideradas por el MTT con la colaboración de Carabineros son parte de las coordinaciones que se desarrollan en la Mesa de Fiscalización de Calama. Que surgen a propósito también de las denuncias que han hecho gremios y de igual manera, usuarios del transporte en la comuna. Del mismo modo, comenzarán también a implementarse fiscalizaciones conjuntas en San Pedro de Atacama a partir de la Mesa de Fiscalización en dicha comuna”.
Cabe señalar que los propietarios de vehículos que sean sorprendidos realizando trasporte ilegal arriesgan una multa que comienza desde las 5 a 15 UTM, y en el caso de ser reincidentes podrían pagar desde las 10 a 20 UTM.
Al respecto, las autoridades informaron que cualquier tipo de denuncia por este tipo de faltas, se puede realizar a través de la página web www.fiscalizacion.cl o presencial en la oficina de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Antofagasta.
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El CPLT identificó deficiencias en la entrega y actualización de información pública, mientras que el promedio de cumplimiento fue de solo 76,06%, el más bajo desde 2010.
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Aunque la situación actual es considerada normal, se asegura actualizar protocolos y mantener informada a la ciudadanía, especialmente ante posibles varamientos de fauna marina.
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La institución busca "dar una señal a la comunidad de que en nuestro país existe una institucionalidad preparada para salvaguardar los derechos de las mujeres".
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Se deberá pagar más de $14 millones por daño emergente, lucro cesante y daño moral. El tribunal rechazó los recursos presentados por no haber error en la aplicación de derecho.
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El reporte privado en cuestión está relacionado con el caso de la profesora Katherine Yoma, quien se suicidó en marzo de 2024 tras denunciar agresiones.
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Fundo Esperanza denuncia una delimitación arbitraria sin trabajo en terreno ni consulta indígena. Por otro lado, SQM cuestiona el exceso en el plazo legal del procedimiento.