Este jueves la Fiscalía entregó el 5° Boletín Estadístico de Acceso a la Justicia Penal de Migrantes y Extranjeros, elaborado por la Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia Penal de Migrantes y Extranjeros, que reúne al Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, los Ministerios del Exterior y de Justicia y DD.HH., Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En el reporte se reveló un fuerte incremento en el número de personas imputadas de nacionalidad extranjera: Entre los años 2016 y 2020 la cifra “aumentó progresivamente”, llegando a un alza de 355% en los cinco años analizados, indicó el Ministerio Público.
El boletín fue presentado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, en compañía de la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, y el Defensor Nacional, Carlos Mora. Asimismo, en el documento se afirma que solo en el año 2020 el número de imputados inmigrantes creció en un 135,8% en comparación con el año anterior y bajó el número de víctimas extranjeras en un 21,3%.
De esta forma, en el año 2020 un total de 128.100 personas extranjeras intervinieron en algún proceso penal, de las cuales 66 mil correspondieron a detenidos y 62 mil a víctimas. Eso sí, se puntualiza que en el 60% de los delitos cometidos por migrantes o extranjeros en el año 2020, primer año de la pandemia de coronavirus, estuvo relacionado con la salud pública, en un periodo marcado por las medidas sanitarias.
El 45% de los detenidos en el año 2020 fueron personas de nacionalidad venezolana y peruana. En la lista también figuran chinos, brasileños y argentinos. En tanto, el 48% corresponde a víctimas provenientes de Venezuela y Perú.
En el desglose se grafica que, en 2020, la Región Metropolitana concentró más del 56% de los detenidos migrantes y extranjeros; seguida de Tarapacá, con 17%; y Antofagasta, con 11%.
En el caso de los detenidos, el 76,8% correspondió al sexo masculino y el 23,2% al femenino; mientras que en las víctimas, el 55,1% se identificó con el sexo masculino y el 44,9% con el femenino.
Por otra parte, un 13% se vinculó a “delitos de leyes especiales”, los que incluyen violencia intrafamiliar, control de armas y delitos informáticos contemplados en la Ley de Bancos. En cuanto a las víctimas, el 22% sufrió robos y el 11% delitos contra la libertad e intimidad de las personas.
En la presentación del documento, el fiscal nacional, Jorge Abbott, señaló que “el crimen organizado internacional que pretende penetrar en nuestro país con bandas integradas por delincuentes violentos provenientes de otros países está siendo investigadas y perseguido con especial prioridad por la fiscalía bajo el sistema de focos investigativos, de análisis criminal y también patrimonial en un trabajo exhaustivo que estamos realizando y llevando adelante con ambas policías, con el fin de desmantelar dichas organizaciones, que no solamente producen un daño y un efecto en la comunidad nacional, sino que también estigmatizan a los migrantes que muchas veces vienen a nuestro país a buscar un mejor destino, vienen a ser un aporte real”.
Fuente: latercera.com
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Fundo Esperanza denuncia una delimitación arbitraria sin trabajo en terreno ni consulta indígena. Por otro lado, SQM cuestiona el exceso en el plazo legal del procedimiento.