El suspendido sacerdote jesuita Felipe Berríos solicitó al Ministerio Público que inicie una investigación a raíz de la denuncia en su contra por un supuesto abuso sexual.
Fue durante los primeros días de mayo que la Compañía de Jesús informó de la apertura de una investigación tras recibirse una denuncia por abuso sexual por parte de una mujer adulta, quien habría sido víctima cuando era menor de edad; lo anterior motivó la apertura de una investigación y su suspensión del sacerdocio.
A través de una carta, Berríos dijo que la denuncia en su contra había sido presentada ante la Iglesia y no ante la Fiscalía, por lo que será sometido a un proceso canónico que «se debe mantener en estricto secreto».
«La opinión pública no sabe de qué se me acusa, y tampoco puede hacerse un juicio respecto a la verosimilitud de la denuncia ni a las decisiones que por esta vía se adoptarán», agregó.
«Quiero que se me investigue al igual que cualquier ciudadano de este país y para ello y en vista de que la denunciante no ha recurrido a la justicia, hoy ingresé un escrito ante el Ministerio Público solicitando que se inicie una investigación sobre los hechos descritos en la denuncia así como también respecto de lo publicado en algunos medios de comunicación, que indican que habría otras denuncias, las que a la fecha desconozco y no me han sido informadas«, sostuvo Berríos.
Por otra parte, dijo que, según su versión, «los hechos que se me imputan en la única denuncia que conozco no son ciertos y aspiro a que se conozca públicamente la verdad».
«Quiero tener la posibilidad de poder defenderme ante el Ministerio Público y los tribunales en la forma más transparente posible», agregó.
Y dijo que espera que «toda información que se divulgue sea pública, abierta, transparente y, sobre todo, respetuosa de la verdad«.
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Aunque la situación actual es considerada normal, se asegura actualizar protocolos y mantener informada a la ciudadanía, especialmente ante posibles varamientos de fauna marina.
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Fundo Esperanza denuncia una delimitación arbitraria sin trabajo en terreno ni consulta indígena. Por otro lado, SQM cuestiona el exceso en el plazo legal del procedimiento.