La vicepresidenta Carolina Tohá (PPD) confirmó esta tarde que el Gobierno resolvió invocar la Ley de Seguridad del Estado para perseguir penalmente a los camioneros que aún mantienen bloqueos de rutas a lo largo del país.
Desde el Palacio de La Moneda, y luego de que, más temprano, el subsecretario Manuel Monsalve señalara la disposición del Ejecutivo de utilizar esta herramienta, Tohá indicó que la decisión ya es una realidad.
«El Gobierno ha decidido que va a invocar la Ley de Seguridad del Estado –como corresponde en casos como éste- y es un hecho: esta decisión ha sido tomada«, dijo la ministra del Interior.
«El Gobierno ha hecho todos los esfuerzos para evitar este conflicto. El día lunes se hizo un acuerdo que contenía medidas muy significativas, un esfuerzo por dar una respuesta concreta a varias demandas que se habían planteado por parte de los transportistas que se han movilizado», recordó.
«DEMANDAS TOTALMENTE DESPROPORCIONADAS»
«Pese a ello, después del lunes ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras y eso ha afectado a las personas, la circulación, y está afectando el abastecimiento en distintos puntos del país, lo que no es aceptable y no lo vamos a tolerar«, enfatizó.
«En todas estas horas se han sostenido varios esfuerzos adicionales, pero en lugar de avanzar hacia una solución de este problema, lo que han hecho algunos de los grupos que firmaron el acuerdo el lunes es plantear nuevas demandas, totalmente desproporcionadas para la realidad del país y que no consideran, además, que el esfuerzo que se hizo el lunes y el avance que se logró en esa negociación es muy importante», sentenció Tohá, que adelantó que los detalles serán entregados más tarde por el subsecretario Monsalve.
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El CPLT identificó deficiencias en la entrega y actualización de información pública, mientras que el promedio de cumplimiento fue de solo 76,06%, el más bajo desde 2010.
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La hermana de Katherine, Karina Yoma, se refirió a la ausencia del antes edil, apuntando a que “quien nada teme y sabe que es inocente da la cara".
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Aunque la situación actual es considerada normal, se asegura actualizar protocolos y mantener informada a la ciudadanía, especialmente ante posibles varamientos de fauna marina.
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La institución busca "dar una señal a la comunidad de que en nuestro país existe una institucionalidad preparada para salvaguardar los derechos de las mujeres".
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Las detenciones fueron coordinadas por la Policía de Investigaciones y los involucrados quedaron bajo custodia de Gendarmería para cumplir las medidas judiciales.
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Se deberá pagar más de $14 millones por daño emergente, lucro cesante y daño moral. El tribunal rechazó los recursos presentados por no haber error en la aplicación de derecho.
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El reporte privado en cuestión está relacionado con el caso de la profesora Katherine Yoma, quien se suicidó en marzo de 2024 tras denunciar agresiones.
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Fundo Esperanza denuncia una delimitación arbitraria sin trabajo en terreno ni consulta indígena. Por otro lado, SQM cuestiona el exceso en el plazo legal del procedimiento.