Durante este miércoles 21 y jueves 22 de diciembre, el Primer Tribunal Ambiental será el escenario de alegatos donde abogados de la empresa minera Andes Iron y organismo evaluador desarrollarán la nueva fase del conflicto en torno al proyecto Dominga, situado en el Archipiélago de Humboldt. El comité de ministros, conformado por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas; la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el ministro de Economía, Nicolás Grau; el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; el ministro de Energía, Diego Pardow; y la ministra de Minería, Marcela Hernando, emitió un informe negativo y rechazó el proyecto en enero de este año. Esto llevó a la publicación, el 30 de noviembre, del decreto oficial que crea el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Archipiélago de Humboldt. Andes Iron, a través de un comunicado según el medio País Lobo, argumenta que el rechazo del proyecto ha sido puramente político. Entre los fundamentos presentados se encuentra la ilegalidad de la resolución, alegando que fue dictada en contravención de lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental. Además, la empresa sostiene que los argumentos técnicos del Comité de Ministros ignoraron el análisis previo del Tribunal Ambiental y que existen otras ilegalidades, como infracciones al plazo para resolver y cambios injustificados de criterios de los Órganos de la Administración del Estado con competencia Ambiental (AECAs). Por otro lado, las comunidades locales, personas naturales y organizaciones medioambientales confían en que el Tribunal Ambiental considere los sólidos argumentos técnicos y ambientales que respaldan el rechazo del proyecto Dominga en el Archipiélago de Humboldt. Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA y representante de Oceana, afirmó que el nuevo rechazo al proyecto Dominga es consistente con su falta de antecedentes técnicos y la imposibilidad de que se construya en esa zona. Abogados y representantes de comunidades, como Alejandra Donoso de MODEMA, sostienen que el proyecto amenaza directamente el empleo y atenta contra recursos vitales como el agua. Argumentan que la evidencia demuestra la inviabilidad de Dominga en la zona y esperan que el Tribunal Ambiental confirme el rechazo del proyecto.
El Tribunal Ambiental de Antofagasta programó una audiencia para los días 20 y 21 de diciembre, a las 09:00 horas, en la que escuchará los argumentos de Andes Iron en contra de la decisión desfavorable del Comité de Ministros con respecto al proyecto minero portuario Dominga. Este proyecto, valorado en US$2.500 millones, busca la explotación de un yacimiento minero con un puerto en la región de Coquimbo. La calificación negativa se basó en la falta de una determinación adecuada del área de influencia y una línea de base insuficiente en la evaluación ambiental del proyecto, lo que resultó en una predicción insuficiente de impactos y medidas de mitigación inadecuadas. El Tribunal Ambiental de Antofagasta está presidido por Sandra Álvarez y compuesto por Marcelo Hernández y Alamiro Alfaro. Patricio Leyton, socio de FerradaNehme, representará a Andes Iron en la audiencia. Paralelamente, un grupo de pescadores y líderes de la Región de Coquimbo ha presentado una solicitud ante la Contraloría General de la República para declarar la ilegalidad de un Decreto Supremo del Ministerio de Medio Ambiente que declara un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCPMU) en el Archipiélago de Humboldt. Argumentan que este decreto no cumple con la Constitución y la ley. Este asunto se suma a otras reclamaciones en curso, y el abogado Jorge Valladares patrocina la solicitud en nombre de las comunidades de pescadores afectadas. Oceana y Andes Iron han expresado opiniones divergentes sobre la legalidad de la creación del área marina protegida del Archipiélago de Humboldt, con Oceana afirmando que cumple con los requisitos legales y es necesario para la conservación de un valioso ecosistema marino. Por su parte, Iron presentó una querella contra el Seremi de MMA de Coquimbo, alegando falsedad por ocultamiento y prevaricación administrativa en relación con este asunto. La querella está siendo investigada por el Ministerio Público.
Durante este miércoles 21 y jueves 22 de diciembre, el Primer Tribunal Ambiental será el escenario de alegatos donde abogados de la empresa minera Andes Iron y organismo evaluador desarrollarán la nueva fase del conflicto en torno al proyecto Dominga, situado en el Archipiélago de Humboldt. El comité de ministros, conformado por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas; la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el ministro de Economía, Nicolás Grau; el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; el ministro de Energía, Diego Pardow; y la ministra de Minería, Marcela Hernando, emitió un informe negativo y rechazó el proyecto en enero de este año. Esto llevó a la publicación, el 30 de noviembre, del decreto oficial que crea el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Archipiélago de Humboldt. Andes Iron, a través de un comunicado según el medio País Lobo, argumenta que el rechazo del proyecto ha sido puramente político. Entre los fundamentos presentados se encuentra la ilegalidad de la resolución, alegando que fue dictada en contravención de lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental. Además, la empresa sostiene que los argumentos técnicos del Comité de Ministros ignoraron el análisis previo del Tribunal Ambiental y que existen otras ilegalidades, como infracciones al plazo para resolver y cambios injustificados de criterios de los Órganos de la Administración del Estado con competencia Ambiental (AECAs). Por otro lado, las comunidades locales, personas naturales y organizaciones medioambientales confían en que el Tribunal Ambiental considere los sólidos argumentos técnicos y ambientales que respaldan el rechazo del proyecto Dominga en el Archipiélago de Humboldt. Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA y representante de Oceana, afirmó que el nuevo rechazo al proyecto Dominga es consistente con su falta de antecedentes técnicos y la imposibilidad de que se construya en esa zona. Abogados y representantes de comunidades, como Alejandra Donoso de MODEMA, sostienen que el proyecto amenaza directamente el empleo y atenta contra recursos vitales como el agua. Argumentan que la evidencia demuestra la inviabilidad de Dominga en la zona y esperan que el Tribunal Ambiental confirme el rechazo del proyecto.
El Tribunal Ambiental de Antofagasta programó una audiencia para los días 20 y 21 de diciembre, a las 09:00 horas, en la que escuchará los argumentos de Andes Iron en contra de la decisión desfavorable del Comité de Ministros con respecto al proyecto minero portuario Dominga. Este proyecto, valorado en US$2.500 millones, busca la explotación de un yacimiento minero con un puerto en la región de Coquimbo. La calificación negativa se basó en la falta de una determinación adecuada del área de influencia y una línea de base insuficiente en la evaluación ambiental del proyecto, lo que resultó en una predicción insuficiente de impactos y medidas de mitigación inadecuadas. El Tribunal Ambiental de Antofagasta está presidido por Sandra Álvarez y compuesto por Marcelo Hernández y Alamiro Alfaro. Patricio Leyton, socio de FerradaNehme, representará a Andes Iron en la audiencia. Paralelamente, un grupo de pescadores y líderes de la Región de Coquimbo ha presentado una solicitud ante la Contraloría General de la República para declarar la ilegalidad de un Decreto Supremo del Ministerio de Medio Ambiente que declara un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCPMU) en el Archipiélago de Humboldt. Argumentan que este decreto no cumple con la Constitución y la ley. Este asunto se suma a otras reclamaciones en curso, y el abogado Jorge Valladares patrocina la solicitud en nombre de las comunidades de pescadores afectadas. Oceana y Andes Iron han expresado opiniones divergentes sobre la legalidad de la creación del área marina protegida del Archipiélago de Humboldt, con Oceana afirmando que cumple con los requisitos legales y es necesario para la conservación de un valioso ecosistema marino. Por su parte, Iron presentó una querella contra el Seremi de MMA de Coquimbo, alegando falsedad por ocultamiento y prevaricación administrativa en relación con este asunto. La querella está siendo investigada por el Ministerio Público.