El diputado Jaime Araya solicitó a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, iniciar una investigación en la Seremi de Vivienda de Antofagasta tras la denuncia por maltrato laboral presentada por los funcionarios de la repartición. En la denuncia, los empleados acusaron a Marcela Rivas, jefa de la División Jurídica del ministerio, de acoso laboral, menoscabo y humillaciones, según informó Timeline. El 12 de agosto, los funcionarios completaron un formulario enviado al nivel central de Vivienda detallando su experiencia con Rivas, quien había convocado a los profesionales para resolver cuestiones relacionadas con la liquidación de los convenios con la Fundación Urbanismo Social, que había solicitado su quiebra. Según los denunciantes, Rivas pidió a los funcionarios que normalizaran los convenios de manera apresurada y con errores significativos. El diputado Araya explicó en su oficio que la implementación de las resoluciones “parece eludir el control preventivo de la Contraloría General de la República”. Agregó que Rivas habría dado instrucciones verbales para “normalizar” los convenios, lo que según Araya, podría implicar intentos de ocultar irregularidades. También se mencionó que Rivas consultó a un abogado del Consejo de Defensa del Estado sobre los plazos para dictar resoluciones, lo que generó dudas sobre la legalidad del proceso. Los funcionarios señalaron que el proceso de liquidación de los convenios, que incluye plazos específicos, fue acelerado de manera inapropiada y que los informes contenían errores, como partidas nuevas no contempladas en los convenios originales y errores aritméticos. Araya solicitó a la Contraloría General de la República que evalúe la pertinencia de una investigación especial para aclarar estos hechos y verificar la coherencia de las instrucciones impartidas por Rivas con las medidas ordenadas por la Contraloría en informes previos. El objetivo es determinar posibles infracciones administrativas y responsabilidades asociadas. Fuente: Timeline
La Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Antofagasta ha emitido una disculpa pública tras ser señalada por no tomar las medidas adecuadas para proteger a una profesora de la Escuela José Papic Randic, Katherine Yoma, quien sufrió agresiones y posteriormente se suicidó. El hecho desencadenó una paralización extensa y la propuesta de un nuevo proyecto de ley en su memoria. En paralelo a las agresiones sufridas por Yoma, se conoció que otras docentes habían presentado denuncias en la Inspección del Trabajo, incluyendo la última como una acusación de acoso sexual. La mediación realizada confirmó que se vulneraron los derechos de Yoma y que la CMDS no implementó las acciones necesarias para su protección, resultando en la orden de disculpas públicas. “Esta Corporación Municipal y como sostenedor, se compromete a velar para que tales acciones como las acontecidas no se repitan, resguardando la integridad de todos los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a esta Corporación Municipal.” Ivette Gareca, dirigente del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación, expresó a Timeline su descontento con la gestión de la corporación. Gareca criticó la falta de avances desde el caso de Katherine Yoma y el incumplimiento de la normativa vigente. “Hago un llamado a la corporación a reconocer que se han equivocado, y que estos errores han llevado a lamentables pérdidas en nuestras comunidades educativas”. Fuente: Timeline
La Corte de Apelaciones de Antofagasta tomó medidas disciplinarias contra Álvaro Toledo Soto, quien se desempeña como Conservador de Bienes Raíces, comercio y Archivero Judicial de Calama, debido a acusaciones de acoso sexual y laboral. El tribunal ha impuesto dos suspensiones de funciones por un periodo de cuatro meses cada una, además de solicitar a la Corte Suprema que inicie un proceso de remoción en su contra. El fallo, emitido el 23 de noviembre de 2023, surge como resultado de dos investigaciones sumarias iniciadas tras denuncias presentadas ante el ministro visitador, Juan Opazo Lagos. El primer sumario determinó que Toledo Soto incumplió sus deberes funcionarios, lo que llevó a la suspensión de funciones bajo medio sueldo durante el periodo de investigación. Este incumplimiento se enmarca en las obligaciones ministeriales establecidas por el artículo 544 N°8 del Código Orgánico de Tribunales. Por otra parte, el segundo sumario derivó en la solicitud de apertura de un cuaderno de remoción ante la Corte Suprema, debido a las graves acusaciones de acoso sexual y la necesidad de tomar medidas enérgicas contra estas conductas. Además de la suspensión de funciones por cuatro meses, se dispuso la intervención del Oficio Conservatorio por parte de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación, conforme al Protocolo N°103-2018 de la Excma. Corte Suprema. El fallo detalló que las acciones del Sr. Toledo Soto incluyeron el uso de herramientas y requerimientos uniformes para tres denunciantes, comenzando con invitaciones bajo el pretexto de almuerzos de trabajo que eventualmente derivaron en propuestas indebidas hacia lugares inapropiados. Esta conducta ha sido descrita como generadora de un ambiente laboral humillante, intimidatorio, hostil y degradante para las trabajadoras del Oficio Conservatorio, afectando su salud mental, como lo evidencian informes psicológicos presentados. Con información de: SoyAntofagasta
Supuestos mensajes de WhatsApp entre el alcalde Jonathan Velásquez y una funcionaria municipal han sido revelados por el diario El Mercurio de Antofagasta, desencadenando acusaciones de acoso laboral. Según la información divulgada, estas conversaciones forman parte de una demanda interpuesta por la trabajadora tras presuntamente sufrir conductas persecutorias y de amedrentamiento por parte del edil. El conflicto habría surgido luego de que Velásquez supuestamente solicitara a la funcionaria ser su informante dentro de la Dirección de Operaciones del municipio, con el fin de obtener información sobre el comportamiento de otros funcionarios. Ante la negativa de la trabajadora, se habrían desencadenado represalias por parte del alcalde, según el relato expuesto. La funcionaria, quien comenzó su relación laboral con el municipio en octubre de 2023, habría sido inicialmente propuesta como secretaria personal del alcalde, pero posteriormente fue asignada como administradora del edificio de Operaciones. Se alega que Velásquez expresó su descontento con el desempeño de la trabajadora al no proporcionar la información solicitada sobre sus colegas. Ante la presunta situación de hostigamiento, la empleada habría buscado apoyo del director de Operaciones, quien le aconsejó conservar las conversaciones por su posible relevancia legal. Posteriormente, la trabajadora fue trasladada al Departamento de Tránsito, acción que habría sido interpretada como un castigo. La situación escaló con la presentación de una demanda laboral por vulneración de derechos fundamentales ante el Juzgado del Trabajo. La trabajadora habría solicitado mantener su cargo como administradora del edificio de Operaciones y una indemnización de $30 millones por daño moral. Además, en marzo, la funcionaria presentó un reclamo ante la Contraloría Regional, resultando en una solicitud de informe a la Municipalidad por parte del ente fiscalizador, donde se determinó que el alcalde habría dispuesto de manera irregular los cometidos de la denunciante.
El diputado Jaime Araya solicitó a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, iniciar una investigación en la Seremi de Vivienda de Antofagasta tras la denuncia por maltrato laboral presentada por los funcionarios de la repartición. En la denuncia, los empleados acusaron a Marcela Rivas, jefa de la División Jurídica del ministerio, de acoso laboral, menoscabo y humillaciones, según informó Timeline. El 12 de agosto, los funcionarios completaron un formulario enviado al nivel central de Vivienda detallando su experiencia con Rivas, quien había convocado a los profesionales para resolver cuestiones relacionadas con la liquidación de los convenios con la Fundación Urbanismo Social, que había solicitado su quiebra. Según los denunciantes, Rivas pidió a los funcionarios que normalizaran los convenios de manera apresurada y con errores significativos. El diputado Araya explicó en su oficio que la implementación de las resoluciones “parece eludir el control preventivo de la Contraloría General de la República”. Agregó que Rivas habría dado instrucciones verbales para “normalizar” los convenios, lo que según Araya, podría implicar intentos de ocultar irregularidades. También se mencionó que Rivas consultó a un abogado del Consejo de Defensa del Estado sobre los plazos para dictar resoluciones, lo que generó dudas sobre la legalidad del proceso. Los funcionarios señalaron que el proceso de liquidación de los convenios, que incluye plazos específicos, fue acelerado de manera inapropiada y que los informes contenían errores, como partidas nuevas no contempladas en los convenios originales y errores aritméticos. Araya solicitó a la Contraloría General de la República que evalúe la pertinencia de una investigación especial para aclarar estos hechos y verificar la coherencia de las instrucciones impartidas por Rivas con las medidas ordenadas por la Contraloría en informes previos. El objetivo es determinar posibles infracciones administrativas y responsabilidades asociadas. Fuente: Timeline
La Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Antofagasta ha emitido una disculpa pública tras ser señalada por no tomar las medidas adecuadas para proteger a una profesora de la Escuela José Papic Randic, Katherine Yoma, quien sufrió agresiones y posteriormente se suicidó. El hecho desencadenó una paralización extensa y la propuesta de un nuevo proyecto de ley en su memoria. En paralelo a las agresiones sufridas por Yoma, se conoció que otras docentes habían presentado denuncias en la Inspección del Trabajo, incluyendo la última como una acusación de acoso sexual. La mediación realizada confirmó que se vulneraron los derechos de Yoma y que la CMDS no implementó las acciones necesarias para su protección, resultando en la orden de disculpas públicas. “Esta Corporación Municipal y como sostenedor, se compromete a velar para que tales acciones como las acontecidas no se repitan, resguardando la integridad de todos los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a esta Corporación Municipal.” Ivette Gareca, dirigente del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación, expresó a Timeline su descontento con la gestión de la corporación. Gareca criticó la falta de avances desde el caso de Katherine Yoma y el incumplimiento de la normativa vigente. “Hago un llamado a la corporación a reconocer que se han equivocado, y que estos errores han llevado a lamentables pérdidas en nuestras comunidades educativas”. Fuente: Timeline
La Corte de Apelaciones de Antofagasta tomó medidas disciplinarias contra Álvaro Toledo Soto, quien se desempeña como Conservador de Bienes Raíces, comercio y Archivero Judicial de Calama, debido a acusaciones de acoso sexual y laboral. El tribunal ha impuesto dos suspensiones de funciones por un periodo de cuatro meses cada una, además de solicitar a la Corte Suprema que inicie un proceso de remoción en su contra. El fallo, emitido el 23 de noviembre de 2023, surge como resultado de dos investigaciones sumarias iniciadas tras denuncias presentadas ante el ministro visitador, Juan Opazo Lagos. El primer sumario determinó que Toledo Soto incumplió sus deberes funcionarios, lo que llevó a la suspensión de funciones bajo medio sueldo durante el periodo de investigación. Este incumplimiento se enmarca en las obligaciones ministeriales establecidas por el artículo 544 N°8 del Código Orgánico de Tribunales. Por otra parte, el segundo sumario derivó en la solicitud de apertura de un cuaderno de remoción ante la Corte Suprema, debido a las graves acusaciones de acoso sexual y la necesidad de tomar medidas enérgicas contra estas conductas. Además de la suspensión de funciones por cuatro meses, se dispuso la intervención del Oficio Conservatorio por parte de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación, conforme al Protocolo N°103-2018 de la Excma. Corte Suprema. El fallo detalló que las acciones del Sr. Toledo Soto incluyeron el uso de herramientas y requerimientos uniformes para tres denunciantes, comenzando con invitaciones bajo el pretexto de almuerzos de trabajo que eventualmente derivaron en propuestas indebidas hacia lugares inapropiados. Esta conducta ha sido descrita como generadora de un ambiente laboral humillante, intimidatorio, hostil y degradante para las trabajadoras del Oficio Conservatorio, afectando su salud mental, como lo evidencian informes psicológicos presentados. Con información de: SoyAntofagasta
Supuestos mensajes de WhatsApp entre el alcalde Jonathan Velásquez y una funcionaria municipal han sido revelados por el diario El Mercurio de Antofagasta, desencadenando acusaciones de acoso laboral. Según la información divulgada, estas conversaciones forman parte de una demanda interpuesta por la trabajadora tras presuntamente sufrir conductas persecutorias y de amedrentamiento por parte del edil. El conflicto habría surgido luego de que Velásquez supuestamente solicitara a la funcionaria ser su informante dentro de la Dirección de Operaciones del municipio, con el fin de obtener información sobre el comportamiento de otros funcionarios. Ante la negativa de la trabajadora, se habrían desencadenado represalias por parte del alcalde, según el relato expuesto. La funcionaria, quien comenzó su relación laboral con el municipio en octubre de 2023, habría sido inicialmente propuesta como secretaria personal del alcalde, pero posteriormente fue asignada como administradora del edificio de Operaciones. Se alega que Velásquez expresó su descontento con el desempeño de la trabajadora al no proporcionar la información solicitada sobre sus colegas. Ante la presunta situación de hostigamiento, la empleada habría buscado apoyo del director de Operaciones, quien le aconsejó conservar las conversaciones por su posible relevancia legal. Posteriormente, la trabajadora fue trasladada al Departamento de Tránsito, acción que habría sido interpretada como un castigo. La situación escaló con la presentación de una demanda laboral por vulneración de derechos fundamentales ante el Juzgado del Trabajo. La trabajadora habría solicitado mantener su cargo como administradora del edificio de Operaciones y una indemnización de $30 millones por daño moral. Además, en marzo, la funcionaria presentó un reclamo ante la Contraloría Regional, resultando en una solicitud de informe a la Municipalidad por parte del ente fiscalizador, donde se determinó que el alcalde habría dispuesto de manera irregular los cometidos de la denunciante.
