La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó la medida de prisión preventiva para Kelly Betancourt Acosta, representante legal y presidenta de la fundación TomArte, en el marco del denominado Caso Convenios. La decisión fue tomada luego de una audiencia celebrada esta mañana, donde el tribunal consideró los argumentos presentados por el Ministerio Público, que formalizó a Betancourt por fraude al fisco reiterado y lavado de activos. El fiscal jefe, Cristian Aguilar Aranela, expuso ante el tribunal que los antecedentes son suficientes para presumir la participación de la imputada en los delitos investigados como autora. Además, se argumentó que su liberación representaría un peligro para la seguridad de la sociedad. Betancourt permanecerá en prisión preventiva durante el período de investigación, fijado en 75 días. Esta medida cautelar también afecta al exseremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras Gutiérrez, quien está formalizado en el mismo caso.
Medidas necesarias para salvaguardar sus garantías constitucionales es lo que exige la defensa de la directora de Tomarte, Kelly Betancourt, ante el Tribunal de Garantía, por una presunta vulneración de sus derechos en el centro penitenciario femenino de Antofagasta. Esto, porque según el abogado defensor Ricardo Escobar Plaza, la recientemente imputada por una arista del Caso Convenios, sufre de trastorno de ansiedad agudo y requiere tratamiento farmacológico, que incluye sertralina, quetiapina y clotiazepam, según un certificado médico con fecha del 25 de marzo de 2024. Asimismo resaltó la urgencia de suministrar estos medicamentos, mencionando que la imputada tuvo una crisis el día de su detención que requirió intervención por parte del personal de Gendarmería, y que existe un riesgo serio de autolesión. Ante esta situación, el Tribunal de Garantía resolvió solicitar al Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta que informe sobre el estado de salud de la imputada. Si así no se cumple con estas garantías, Ricardo Escobar citará en audiencia para ventilar esta situación. Fuente: SoyAntof
Hoy, a las 12:00 horas, comenzó el proceso de formalización de Kelly Betancourt Acosta, directora de la Fundación TomArte, ante el tribunal correspondiente. Así, se dio prisión preventiva contra la directiva por considerar el peligro para la seguridad de la sociedad por cuatro imputaciones más una por lavado de activos. La imputación en su contra está relacionada con presuntos delitos de fraude al fisco en el marco de una investigación vinculada a la suscripción de cuatro convenios firmados por el exseremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras, y la mencionada fundación en el año 2022. Betancourt, quien ostenta el cargo de gestora cultural y es de nacionalidad colombiana, se encontraba bajo una orden de arresto, sin embargo, optó por presentarse voluntariamente ante el tribunal. Se dieron 75 días de investigación para el caso. Los convenios bajo escrutinio habrían sido celebrados por Contreras con supuestas infracciones graves a sus obligaciones y facultades, sin que la fundación en cuestión cumpliera con los requisitos mínimos para recibir los fondos correspondientes, lo que se estima habría causado un perjuicio al fisco por un monto de 456 millones de pesos.
Durante la audiencia llevada a cabo para formalizar la investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos destinados a la Fundación TomArte, el fiscal Cristian Aguilar reveló que la cuenta bancaria de la Fundación, que debería haber contenido fondos por un valor de 456 millones de pesos, estaba cerrada y vacía cuando el ministro de fe acudió para incautar los recursos. La pesquisa sobre TomArte se inició tras una revisión de los convenios celebrados entre la mencionada fundación y el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. Se detectaron anomalías en la ejecución de cuatro convenios, tres de ellos destinados a obras de habitabilidad primaria en campamentos y uno relacionado con la organización de los asentamientos. Se determinó que Kelly Betancourt Acosta, representante de la fundación, había dispuesto de los fondos, incluyendo un vale vista por la suma de 330 millones 174 mil pesos, cuyo destino aún se desconoce. Aguilar detalló que se identificaron transferencias electrónicas no rendidas, incluyendo una a favor de Betancourt Acosta por 2 millones 710 mil pesos, así como el pago de honorarios por un total de 92 millones de pesos, sin evidencia de la ejecución de los proyectos acordados. Además, se reveló que Betancourt Acosta recibió honorarios sin respaldo contractual por un monto de 15 millones 248 mil pesos. El análisis de la rendición de cuentas también arrojó luz sobre otra irregularidad significativa: de los 104 millones de pesos gastados por la fundación, aproximadamente el 88% se destinó al pago de honorarios. Sorprendentemente, estos pagos no estaban respaldados por contratos vigentes. En cuanto a la ejecución de los proyectos acordados, el fiscal destacó que no se encontraron evidencias de que se hubieran llevado a cabo obras de habitabilidad primaria en los campamentos designados en los convenios. En lugar de ello, los fondos parecen haber sido utilizados principalmente para cubrir gastos operativos, incluyendo el arriendo de vehículos y oficinas, así como la compra de pasajes aéreos. La acción del Ministerio Público incluyó la incautación de los fondos restantes, con la aprobación correspondiente del tribunal, al constatar que no se habían utilizado de acuerdo con los términos establecidos en los convenios. Fuente: Timeline
Tras la audiencia de formalización concurrida durante este lunes y martes, Fiscalía comunicó al señor Carlos Contreras su imputación como autor material de cuatro delitos consumados de fraude al fisco, la que ha resultado en prisión preventiva. Este proceso se suma a la causa denominada Democracia Viva, donde ya se encuentra bajo investigación por otros tres delitos de fraude al fisco. La nueva investigación está relacionada con los convenios firmados entre Contreras y la fundación TomArte. De esta manera, Contreras volvería nuevamente a la misma modalidad tras haberse cambiado las anteriores preventivas el 12 de enero, adjudicándole arraigo nacional y arresto domiciliario. Según la exposición del fiscal Cristián Aguilar, la fundación TomArte fue constituida el 16 de noviembre del 2021 y, en el momento de los hechos investigados, estaba representada por Kelly Betancourt Acosta. Esta organización tenía como objetivo promover iniciativas culturales y artísticas en territorios populares. Sin embargo, Aguilar detalló que TomArte no cumplía con los requisitos exigidos para ser receptora de fondos públicos, según los propios criterios establecidos por Contreras. A pesar de esto, el exseremi instruyó la inclusión de TomArte como beneficiaria de fondos públicos y luego asignó cuatro convenios a la misma, sin participación del Serviu en la selección. El fiscal también señaló que Betancourt Acosta se autocontrató para prestar servicios a la fundación, utilizando fondos fiscales. Los gastos declarados por la fundación fueron cuestionados por la Fiscalía debido a irregularidades en la rendición de cuentas y la falta de respaldo de los gastos realizados. Además, presuntamente se emitió boletas de honorarios que no fueron declaradas en las rendiciones de cuentas, lo que sumó más sospechas sobre la gestión de los fondos. Se entregaron 75 días de investigación del caso.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó la medida de prisión preventiva para Kelly Betancourt Acosta, representante legal y presidenta de la fundación TomArte, en el marco del denominado Caso Convenios. La decisión fue tomada luego de una audiencia celebrada esta mañana, donde el tribunal consideró los argumentos presentados por el Ministerio Público, que formalizó a Betancourt por fraude al fisco reiterado y lavado de activos. El fiscal jefe, Cristian Aguilar Aranela, expuso ante el tribunal que los antecedentes son suficientes para presumir la participación de la imputada en los delitos investigados como autora. Además, se argumentó que su liberación representaría un peligro para la seguridad de la sociedad. Betancourt permanecerá en prisión preventiva durante el período de investigación, fijado en 75 días. Esta medida cautelar también afecta al exseremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras Gutiérrez, quien está formalizado en el mismo caso.
Medidas necesarias para salvaguardar sus garantías constitucionales es lo que exige la defensa de la directora de Tomarte, Kelly Betancourt, ante el Tribunal de Garantía, por una presunta vulneración de sus derechos en el centro penitenciario femenino de Antofagasta. Esto, porque según el abogado defensor Ricardo Escobar Plaza, la recientemente imputada por una arista del Caso Convenios, sufre de trastorno de ansiedad agudo y requiere tratamiento farmacológico, que incluye sertralina, quetiapina y clotiazepam, según un certificado médico con fecha del 25 de marzo de 2024. Asimismo resaltó la urgencia de suministrar estos medicamentos, mencionando que la imputada tuvo una crisis el día de su detención que requirió intervención por parte del personal de Gendarmería, y que existe un riesgo serio de autolesión. Ante esta situación, el Tribunal de Garantía resolvió solicitar al Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta que informe sobre el estado de salud de la imputada. Si así no se cumple con estas garantías, Ricardo Escobar citará en audiencia para ventilar esta situación. Fuente: SoyAntof
Hoy, a las 12:00 horas, comenzó el proceso de formalización de Kelly Betancourt Acosta, directora de la Fundación TomArte, ante el tribunal correspondiente. Así, se dio prisión preventiva contra la directiva por considerar el peligro para la seguridad de la sociedad por cuatro imputaciones más una por lavado de activos. La imputación en su contra está relacionada con presuntos delitos de fraude al fisco en el marco de una investigación vinculada a la suscripción de cuatro convenios firmados por el exseremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras, y la mencionada fundación en el año 2022. Betancourt, quien ostenta el cargo de gestora cultural y es de nacionalidad colombiana, se encontraba bajo una orden de arresto, sin embargo, optó por presentarse voluntariamente ante el tribunal. Se dieron 75 días de investigación para el caso. Los convenios bajo escrutinio habrían sido celebrados por Contreras con supuestas infracciones graves a sus obligaciones y facultades, sin que la fundación en cuestión cumpliera con los requisitos mínimos para recibir los fondos correspondientes, lo que se estima habría causado un perjuicio al fisco por un monto de 456 millones de pesos.
Durante la audiencia llevada a cabo para formalizar la investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos destinados a la Fundación TomArte, el fiscal Cristian Aguilar reveló que la cuenta bancaria de la Fundación, que debería haber contenido fondos por un valor de 456 millones de pesos, estaba cerrada y vacía cuando el ministro de fe acudió para incautar los recursos. La pesquisa sobre TomArte se inició tras una revisión de los convenios celebrados entre la mencionada fundación y el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. Se detectaron anomalías en la ejecución de cuatro convenios, tres de ellos destinados a obras de habitabilidad primaria en campamentos y uno relacionado con la organización de los asentamientos. Se determinó que Kelly Betancourt Acosta, representante de la fundación, había dispuesto de los fondos, incluyendo un vale vista por la suma de 330 millones 174 mil pesos, cuyo destino aún se desconoce. Aguilar detalló que se identificaron transferencias electrónicas no rendidas, incluyendo una a favor de Betancourt Acosta por 2 millones 710 mil pesos, así como el pago de honorarios por un total de 92 millones de pesos, sin evidencia de la ejecución de los proyectos acordados. Además, se reveló que Betancourt Acosta recibió honorarios sin respaldo contractual por un monto de 15 millones 248 mil pesos. El análisis de la rendición de cuentas también arrojó luz sobre otra irregularidad significativa: de los 104 millones de pesos gastados por la fundación, aproximadamente el 88% se destinó al pago de honorarios. Sorprendentemente, estos pagos no estaban respaldados por contratos vigentes. En cuanto a la ejecución de los proyectos acordados, el fiscal destacó que no se encontraron evidencias de que se hubieran llevado a cabo obras de habitabilidad primaria en los campamentos designados en los convenios. En lugar de ello, los fondos parecen haber sido utilizados principalmente para cubrir gastos operativos, incluyendo el arriendo de vehículos y oficinas, así como la compra de pasajes aéreos. La acción del Ministerio Público incluyó la incautación de los fondos restantes, con la aprobación correspondiente del tribunal, al constatar que no se habían utilizado de acuerdo con los términos establecidos en los convenios. Fuente: Timeline
Tras la audiencia de formalización concurrida durante este lunes y martes, Fiscalía comunicó al señor Carlos Contreras su imputación como autor material de cuatro delitos consumados de fraude al fisco, la que ha resultado en prisión preventiva. Este proceso se suma a la causa denominada Democracia Viva, donde ya se encuentra bajo investigación por otros tres delitos de fraude al fisco. La nueva investigación está relacionada con los convenios firmados entre Contreras y la fundación TomArte. De esta manera, Contreras volvería nuevamente a la misma modalidad tras haberse cambiado las anteriores preventivas el 12 de enero, adjudicándole arraigo nacional y arresto domiciliario. Según la exposición del fiscal Cristián Aguilar, la fundación TomArte fue constituida el 16 de noviembre del 2021 y, en el momento de los hechos investigados, estaba representada por Kelly Betancourt Acosta. Esta organización tenía como objetivo promover iniciativas culturales y artísticas en territorios populares. Sin embargo, Aguilar detalló que TomArte no cumplía con los requisitos exigidos para ser receptora de fondos públicos, según los propios criterios establecidos por Contreras. A pesar de esto, el exseremi instruyó la inclusión de TomArte como beneficiaria de fondos públicos y luego asignó cuatro convenios a la misma, sin participación del Serviu en la selección. El fiscal también señaló que Betancourt Acosta se autocontrató para prestar servicios a la fundación, utilizando fondos fiscales. Los gastos declarados por la fundación fueron cuestionados por la Fiscalía debido a irregularidades en la rendición de cuentas y la falta de respaldo de los gastos realizados. Además, presuntamente se emitió boletas de honorarios que no fueron declaradas en las rendiciones de cuentas, lo que sumó más sospechas sobre la gestión de los fondos. Se entregaron 75 días de investigación del caso.
