El diputado Jaime Araya solicitó a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, iniciar una investigación en la Seremi de Vivienda de Antofagasta tras la denuncia por maltrato laboral presentada por los funcionarios de la repartición. En la denuncia, los empleados acusaron a Marcela Rivas, jefa de la División Jurídica del ministerio, de acoso laboral, menoscabo y humillaciones, según informó Timeline. El 12 de agosto, los funcionarios completaron un formulario enviado al nivel central de Vivienda detallando su experiencia con Rivas, quien había convocado a los profesionales para resolver cuestiones relacionadas con la liquidación de los convenios con la Fundación Urbanismo Social, que había solicitado su quiebra. Según los denunciantes, Rivas pidió a los funcionarios que normalizaran los convenios de manera apresurada y con errores significativos. El diputado Araya explicó en su oficio que la implementación de las resoluciones “parece eludir el control preventivo de la Contraloría General de la República”. Agregó que Rivas habría dado instrucciones verbales para “normalizar” los convenios, lo que según Araya, podría implicar intentos de ocultar irregularidades. También se mencionó que Rivas consultó a un abogado del Consejo de Defensa del Estado sobre los plazos para dictar resoluciones, lo que generó dudas sobre la legalidad del proceso. Los funcionarios señalaron que el proceso de liquidación de los convenios, que incluye plazos específicos, fue acelerado de manera inapropiada y que los informes contenían errores, como partidas nuevas no contempladas en los convenios originales y errores aritméticos. Araya solicitó a la Contraloría General de la República que evalúe la pertinencia de una investigación especial para aclarar estos hechos y verificar la coherencia de las instrucciones impartidas por Rivas con las medidas ordenadas por la Contraloría en informes previos. El objetivo es determinar posibles infracciones administrativas y responsabilidades asociadas. Fuente: Timeline
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió mantener la medida cautelar de prisión preventiva para el ex seremi Carlos Contreras, quien enfrenta cargos por fraude al fisco en la arista Tomarte del Caso Convenios. La decisión se fundamenta en la consideración de que la libertad del imputado representa un peligro para la sociedad. Contreras, junto a Daniel Andrade y la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, serán reformados el próximo 18 de julio ante el mismo tribunal, instancia en la que el Ministerio Público buscará detallar antecedentes y precisar elementos. “Como se pide, cítese a todos los intervinientes a audiencia para reformalizar investigación respecto de los imputados (...), para el día 18 de julio de 2024, a las 08.30 horas, la que se desarrollará en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, ubicado en calle San Martín N° 2836 de esta ciudad”, determinó el juez Marco Rojas. La Corte de Apelaciones de #Antofagasta mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para el ex seremi Carlos Contreras, imputado por fraude al fisco en la arista Tomarte del Caso Convenios. Esto, por considerar que su libertad resulta peligrosa para la sociedad. pic.twitter.com/h52UinMMmp — Fiscalía Regional de Antofagasta (@FRANTOFAGASTA) June 5, 2024
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) denunció una serie de actos de violencia y daños a la infraestructura en el edificio del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en Antofagasta, incidentes que se produjeron como resultado de una manifestación liderada por vecinos de la villa El Salar. Según informó la Secretaría Ministerial, algunos trabajadores del organismo fueron víctimas de violencia al finalizar su jornada laboral. Además, el edificio sufrió daños en su fachada, los cuales han sido valorados en $25 millones. El Minvu presentó una denuncia ante Carabineros, solicitando una investigación penal para identificar a los responsables de estos hechos. La disposición al diálogo existe en todas las autoridades del Ministerio, y también en sus distintos niveles jerárquicos, ya que es parte de nuestras tareas diarias y Antofagasta no es la excepción, donde siempre ha primado el interés de dialogar para ir resolviendo las distintas demandas habitacionales, señalaron. Por su parte, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, manifestó su inquietud por la falta de medidas preventivas por parte de la autoridad para garantizar la seguridad física y psicológica de los trabajadores. Pérez lamentó que la autoridad no esté tomando los resguardos necesarios para asegurar la integridad de los empleados públicos. Es inaceptable que la autoridad, representante del gobierno central, no esté tomando los resguardos necesarios para para asegurar la integridad física y psicológica de nuestros compañeros y compañeras, enfatizó. El encargado nformó que se ha comunicado con la presidenta regional, Nora Biaggini, y ha subrayado la urgencia de investigar el destino de los fondos asignados por el Gobierno Regional al Serviu. Fuente: SoyAntof
Durante esta jornada, residentes del condominio social El Salar llevan a cabo una manifestación frente a las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta. La protesta surge en respuesta a las persistentes fallas estructurales que han afectado a dichos inmuebles desde su entrega en diciembre de 2020, donde se han constatado tanto deficiencias estructurales graves, focos de fallas sanitarias y la paulatina transformación del sector en un lugar de delincuencia y consumo de drogas. Los manifestantes demandan respuestas al ministro de Vivienda, Carlos Montes, señalando una falta de avance por parte de las autoridades locales respecto a sus preocupaciones. Durante el transcurso del acto, se registró al menos una barricada incendiaria. Así, Carabineros de la sección de Control de Orden Público (COP) acudieron al lugar para intervenir los actos de las decenas de personas participando en la protesta, además de resguardar a diversos funcionarios para que entraran a las dependencias y así, presuntamente, desarrollar un plan de acción para abordar la problemática. Según registro de Antofagasta Al Día, una vecina se encuentra tan desesperada que amenazó con quemarse a lo bonzo, o sea prenderse fuego, si no se les entrega una solución. Con información de: ATV
El diputado Jaime Araya solicitó a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, iniciar una investigación en la Seremi de Vivienda de Antofagasta tras la denuncia por maltrato laboral presentada por los funcionarios de la repartición. En la denuncia, los empleados acusaron a Marcela Rivas, jefa de la División Jurídica del ministerio, de acoso laboral, menoscabo y humillaciones, según informó Timeline. El 12 de agosto, los funcionarios completaron un formulario enviado al nivel central de Vivienda detallando su experiencia con Rivas, quien había convocado a los profesionales para resolver cuestiones relacionadas con la liquidación de los convenios con la Fundación Urbanismo Social, que había solicitado su quiebra. Según los denunciantes, Rivas pidió a los funcionarios que normalizaran los convenios de manera apresurada y con errores significativos. El diputado Araya explicó en su oficio que la implementación de las resoluciones “parece eludir el control preventivo de la Contraloría General de la República”. Agregó que Rivas habría dado instrucciones verbales para “normalizar” los convenios, lo que según Araya, podría implicar intentos de ocultar irregularidades. También se mencionó que Rivas consultó a un abogado del Consejo de Defensa del Estado sobre los plazos para dictar resoluciones, lo que generó dudas sobre la legalidad del proceso. Los funcionarios señalaron que el proceso de liquidación de los convenios, que incluye plazos específicos, fue acelerado de manera inapropiada y que los informes contenían errores, como partidas nuevas no contempladas en los convenios originales y errores aritméticos. Araya solicitó a la Contraloría General de la República que evalúe la pertinencia de una investigación especial para aclarar estos hechos y verificar la coherencia de las instrucciones impartidas por Rivas con las medidas ordenadas por la Contraloría en informes previos. El objetivo es determinar posibles infracciones administrativas y responsabilidades asociadas. Fuente: Timeline
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió mantener la medida cautelar de prisión preventiva para el ex seremi Carlos Contreras, quien enfrenta cargos por fraude al fisco en la arista Tomarte del Caso Convenios. La decisión se fundamenta en la consideración de que la libertad del imputado representa un peligro para la sociedad. Contreras, junto a Daniel Andrade y la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, serán reformados el próximo 18 de julio ante el mismo tribunal, instancia en la que el Ministerio Público buscará detallar antecedentes y precisar elementos. “Como se pide, cítese a todos los intervinientes a audiencia para reformalizar investigación respecto de los imputados (...), para el día 18 de julio de 2024, a las 08.30 horas, la que se desarrollará en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, ubicado en calle San Martín N° 2836 de esta ciudad”, determinó el juez Marco Rojas. La Corte de Apelaciones de #Antofagasta mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para el ex seremi Carlos Contreras, imputado por fraude al fisco en la arista Tomarte del Caso Convenios. Esto, por considerar que su libertad resulta peligrosa para la sociedad. pic.twitter.com/h52UinMMmp — Fiscalía Regional de Antofagasta (@FRANTOFAGASTA) June 5, 2024
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) denunció una serie de actos de violencia y daños a la infraestructura en el edificio del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en Antofagasta, incidentes que se produjeron como resultado de una manifestación liderada por vecinos de la villa El Salar. Según informó la Secretaría Ministerial, algunos trabajadores del organismo fueron víctimas de violencia al finalizar su jornada laboral. Además, el edificio sufrió daños en su fachada, los cuales han sido valorados en $25 millones. El Minvu presentó una denuncia ante Carabineros, solicitando una investigación penal para identificar a los responsables de estos hechos. La disposición al diálogo existe en todas las autoridades del Ministerio, y también en sus distintos niveles jerárquicos, ya que es parte de nuestras tareas diarias y Antofagasta no es la excepción, donde siempre ha primado el interés de dialogar para ir resolviendo las distintas demandas habitacionales, señalaron. Por su parte, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, manifestó su inquietud por la falta de medidas preventivas por parte de la autoridad para garantizar la seguridad física y psicológica de los trabajadores. Pérez lamentó que la autoridad no esté tomando los resguardos necesarios para asegurar la integridad de los empleados públicos. Es inaceptable que la autoridad, representante del gobierno central, no esté tomando los resguardos necesarios para para asegurar la integridad física y psicológica de nuestros compañeros y compañeras, enfatizó. El encargado nformó que se ha comunicado con la presidenta regional, Nora Biaggini, y ha subrayado la urgencia de investigar el destino de los fondos asignados por el Gobierno Regional al Serviu. Fuente: SoyAntof
Durante esta jornada, residentes del condominio social El Salar llevan a cabo una manifestación frente a las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta. La protesta surge en respuesta a las persistentes fallas estructurales que han afectado a dichos inmuebles desde su entrega en diciembre de 2020, donde se han constatado tanto deficiencias estructurales graves, focos de fallas sanitarias y la paulatina transformación del sector en un lugar de delincuencia y consumo de drogas. Los manifestantes demandan respuestas al ministro de Vivienda, Carlos Montes, señalando una falta de avance por parte de las autoridades locales respecto a sus preocupaciones. Durante el transcurso del acto, se registró al menos una barricada incendiaria. Así, Carabineros de la sección de Control de Orden Público (COP) acudieron al lugar para intervenir los actos de las decenas de personas participando en la protesta, además de resguardar a diversos funcionarios para que entraran a las dependencias y así, presuntamente, desarrollar un plan de acción para abordar la problemática. Según registro de Antofagasta Al Día, una vecina se encuentra tan desesperada que amenazó con quemarse a lo bonzo, o sea prenderse fuego, si no se les entrega una solución. Con información de: ATV
