El Ministerio Público está en alerta respecto al uso de puertos chilenos por organizaciones criminales para actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y armas a gran escala. En los últimos cinco años, se han iniciado 17 investigaciones por delitos cometidos en puertos o en el ámbito marítimo de esta región. Aunque la cantidad no es elevada, estos casos representan desafíos significativos debido a la complejidad y naturaleza de los delitos involucrados. En respuesta, el fiscal nacional, Ángel Valencia, designó al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, para liderar la persecución de delitos vinculados al crimen organizado en los puertos entre las regiones de Antofagasta y Coquimbo. Esta labor se realizará en coordinación con Carabineros, la Armada, Aduanas y equipos especializados del Ministerio Público, abarcando aproximadamente mil kilómetros de litoral que incluyen 12 puertos formales y numerosas caletas. Paralelamente, otros cuatro fiscales regionales asumirán la responsabilidad de dirigir las investigaciones en el resto del territorio marítimo nacional. El fiscal regional, Juan Castro Bekios, explicó que existen suficientes elementos para pensar que se pueden estar produciendo actividades criminales de alto riesgo en los puertos nacionales. Destacó que el elevado tráfico de mercancías, las dificultades para el control efectivo y las extensas rutas internacionales que siguen las embarcaciones facilitan la manipulación o contaminación de las cargas durante su tránsito. Castro Bekios también advirtió que los puertos del norte son paradas frecuentes para embarcaciones provenientes de puertos colombianos o peruanos, lo que los convierte en puntos estratégicos para organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. “Las organizaciones criminales están en constante búsqueda de rutas para sacar su mercancía ilícita a sus mercados finales y en ese contexto no podemos pasar por alto que los puertos chilenos, y en particular los del norte, podrían ser parte de una ruta internacional para el abastecimiento de mercados como el europeo, que es un gran consumidor del clorhidrato de cocaína que se produce en Sudamérica. Ese es un elemento que no sólo surge de nuestros análisis, sino que también de numerosos informes y alertas internacionales”, señaló. El fiscal también recordó que en la región se han detectado casos de embarcaciones con modificaciones en su casco o estructura para el transporte de armas o drogas, así como hallazgos en el interior de contenedores. Otro aspecto relevante mencionado fue el constante tránsito de naves que transportan combustible para operaciones de diversas empresas del sector minero y energético, lo cual reviste interés debido a la frecuencia de estos movimientos, generalmente realizados bajo controles insuficientes.
El Ministerio Público está en alerta respecto al uso de puertos chilenos por organizaciones criminales para actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y armas a gran escala. En los últimos cinco años, se han iniciado 17 investigaciones por delitos cometidos en puertos o en el ámbito marítimo de esta región. Aunque la cantidad no es elevada, estos casos representan desafíos significativos debido a la complejidad y naturaleza de los delitos involucrados. En respuesta, el fiscal nacional, Ángel Valencia, designó al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, para liderar la persecución de delitos vinculados al crimen organizado en los puertos entre las regiones de Antofagasta y Coquimbo. Esta labor se realizará en coordinación con Carabineros, la Armada, Aduanas y equipos especializados del Ministerio Público, abarcando aproximadamente mil kilómetros de litoral que incluyen 12 puertos formales y numerosas caletas. Paralelamente, otros cuatro fiscales regionales asumirán la responsabilidad de dirigir las investigaciones en el resto del territorio marítimo nacional. El fiscal regional, Juan Castro Bekios, explicó que existen suficientes elementos para pensar que se pueden estar produciendo actividades criminales de alto riesgo en los puertos nacionales. Destacó que el elevado tráfico de mercancías, las dificultades para el control efectivo y las extensas rutas internacionales que siguen las embarcaciones facilitan la manipulación o contaminación de las cargas durante su tránsito. Castro Bekios también advirtió que los puertos del norte son paradas frecuentes para embarcaciones provenientes de puertos colombianos o peruanos, lo que los convierte en puntos estratégicos para organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. “Las organizaciones criminales están en constante búsqueda de rutas para sacar su mercancía ilícita a sus mercados finales y en ese contexto no podemos pasar por alto que los puertos chilenos, y en particular los del norte, podrían ser parte de una ruta internacional para el abastecimiento de mercados como el europeo, que es un gran consumidor del clorhidrato de cocaína que se produce en Sudamérica. Ese es un elemento que no sólo surge de nuestros análisis, sino que también de numerosos informes y alertas internacionales”, señaló. El fiscal también recordó que en la región se han detectado casos de embarcaciones con modificaciones en su casco o estructura para el transporte de armas o drogas, así como hallazgos en el interior de contenedores. Otro aspecto relevante mencionado fue el constante tránsito de naves que transportan combustible para operaciones de diversas empresas del sector minero y energético, lo cual reviste interés debido a la frecuencia de estos movimientos, generalmente realizados bajo controles insuficientes.
