Un informe de la Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la gestión del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, en relación con la ejecución del Festival de Antofagasta 2023, realizado del 12 al 14 de febrero de este año. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el concejal Luis Aguilera Villegas y abarcó el uso de los recursos transferidos a la Corporación Cultural de Antofagasta (CCA) para el evento. El informe destaca que el alcalde intervino en la contratación de la empresa Comercializadora F&M Ltda. para la realización del festival. En el marco de la investigación, se determinó que la Municipalidad de Antofagasta rechazó la totalidad de los gastos rendidos por la CCA, que suman $600.000.000, y hasta la fecha de la fiscalización en agosto de 2024, la corporación no había restituido estos fondos. Además, se identificó la falta de gestiones de cobro por parte del municipio respecto a otros fondos pendientes, que ascienden a más de $3.470 millones. La Contraloría ha solicitado que la Municipalidad de Antofagasta informe sobre su pronunciamiento respecto a los gastos observados en un plazo de 30 días hábiles. También se remitirán copias del informe y los antecedentes a la Fiscalía Local de Antofagasta y al Consejo de Defensa del Estado para su evaluación. Fuente: Timeline
El próximo 10 de septiembre comienza el período de prueba en el proceso de remoción del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, tras la presentación en abril de un requerimiento por abandono de deberes por parte de seis de los diez concejales de la comuna. Los concejales acusan al alcalde de graves incumplimientos administrativos y contravención grave al principio de probidad, incluyendo el uso indebido de abogados municipales para asuntos personales, modificaciones no autorizadas de contratos y una deficiente gestión del ex vertedero La Chimba. Durante los próximos 10 días hábiles, las partes involucradas podrán presentar pruebas, como declaraciones de testigos, documentos y absolución de posiciones. La declaración de los testigos de la defensa del alcalde está programada para el 23 de septiembre a las 15:00 a través de la plataforma Zoom. La fecha para las declaraciones de los testigos de los demandantes aún está por determinar, pero no debe exceder el 24 de septiembre, que es el último día del plazo. Recientemente, la defensa del alcalde intentó retrasar el proceso presentando un recurso ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), el cual fue rechazado, permitiendo que el Tribunal Electoral Regional (TER) continúe con el requerimiento. El concejal Luis Aguilera informó que el proceso se reactivará el 10 de septiembre, marcando el inicio de la fase probatoria donde se evaluarán las pruebas presentadas por ambas partes.
Supuestos mensajes de WhatsApp entre el alcalde Jonathan Velásquez y una funcionaria municipal han sido revelados por el diario El Mercurio de Antofagasta, desencadenando acusaciones de acoso laboral. Según la información divulgada, estas conversaciones forman parte de una demanda interpuesta por la trabajadora tras presuntamente sufrir conductas persecutorias y de amedrentamiento por parte del edil. El conflicto habría surgido luego de que Velásquez supuestamente solicitara a la funcionaria ser su informante dentro de la Dirección de Operaciones del municipio, con el fin de obtener información sobre el comportamiento de otros funcionarios. Ante la negativa de la trabajadora, se habrían desencadenado represalias por parte del alcalde, según el relato expuesto. La funcionaria, quien comenzó su relación laboral con el municipio en octubre de 2023, habría sido inicialmente propuesta como secretaria personal del alcalde, pero posteriormente fue asignada como administradora del edificio de Operaciones. Se alega que Velásquez expresó su descontento con el desempeño de la trabajadora al no proporcionar la información solicitada sobre sus colegas. Ante la presunta situación de hostigamiento, la empleada habría buscado apoyo del director de Operaciones, quien le aconsejó conservar las conversaciones por su posible relevancia legal. Posteriormente, la trabajadora fue trasladada al Departamento de Tránsito, acción que habría sido interpretada como un castigo. La situación escaló con la presentación de una demanda laboral por vulneración de derechos fundamentales ante el Juzgado del Trabajo. La trabajadora habría solicitado mantener su cargo como administradora del edificio de Operaciones y una indemnización de $30 millones por daño moral. Además, en marzo, la funcionaria presentó un reclamo ante la Contraloría Regional, resultando en una solicitud de informe a la Municipalidad por parte del ente fiscalizador, donde se determinó que el alcalde habría dispuesto de manera irregular los cometidos de la denunciante.
La Asociación de Empleados Municipales de Antofagasta emitió un comunicado en respuesta a presuntas presiones ejercidas por el equipo de confianza del alcalde de la ciudad, Jonathan Velásquez, hacia los empleados municipales. En el comunicado, el directorio de ASEMUCH rechazó enfáticamente cualquier tipo de conducta que vulnere la dignidad e integridad de los funcionarios. Según la organización sindical, actividades de proselitismo político durante la jornada laboral constituyen una violación grave del principio de probidad administrativa, en consonancia con lo estipulado en la Ley N°18.575. ASEMUCH ha instado a los funcionarios municipales a denunciar cualquier forma de amedrentamiento por parte del equipo de confianza del alcalde para obtener apoyo a su candidatura, exhortándolos a proporcionar evidencia de estos hechos. Asimismo, han llamado a los concejales de la comuna a presentar una denuncia ante la Contraloría Regional de Antofagasta para que se investiguen y sancionen adecuadamente estas presuntas prácticas. El sindicato también ha recordado que los funcionarios municipales están sujetos a un régimen estatutario regulado por la Ley N°18.883, que establece el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Según esta normativa, los empleados municipales deben actuar con rectitud y lealtad, priorizando el interés general sobre el particular. En este contexto, ASEMUCH señaló que no tolerará la presión política dentro del municipio, ya que representa una amenaza para la estabilidad y el bienestar de los trabajadores que no forman parte del círculo de confianza del alcalde.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la gestión del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, en relación con la ejecución del Festival de Antofagasta 2023, realizado del 12 al 14 de febrero de este año. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el concejal Luis Aguilera Villegas y abarcó el uso de los recursos transferidos a la Corporación Cultural de Antofagasta (CCA) para el evento. El informe destaca que el alcalde intervino en la contratación de la empresa Comercializadora F&M Ltda. para la realización del festival. En el marco de la investigación, se determinó que la Municipalidad de Antofagasta rechazó la totalidad de los gastos rendidos por la CCA, que suman $600.000.000, y hasta la fecha de la fiscalización en agosto de 2024, la corporación no había restituido estos fondos. Además, se identificó la falta de gestiones de cobro por parte del municipio respecto a otros fondos pendientes, que ascienden a más de $3.470 millones. La Contraloría ha solicitado que la Municipalidad de Antofagasta informe sobre su pronunciamiento respecto a los gastos observados en un plazo de 30 días hábiles. También se remitirán copias del informe y los antecedentes a la Fiscalía Local de Antofagasta y al Consejo de Defensa del Estado para su evaluación. Fuente: Timeline
El próximo 10 de septiembre comienza el período de prueba en el proceso de remoción del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, tras la presentación en abril de un requerimiento por abandono de deberes por parte de seis de los diez concejales de la comuna. Los concejales acusan al alcalde de graves incumplimientos administrativos y contravención grave al principio de probidad, incluyendo el uso indebido de abogados municipales para asuntos personales, modificaciones no autorizadas de contratos y una deficiente gestión del ex vertedero La Chimba. Durante los próximos 10 días hábiles, las partes involucradas podrán presentar pruebas, como declaraciones de testigos, documentos y absolución de posiciones. La declaración de los testigos de la defensa del alcalde está programada para el 23 de septiembre a las 15:00 a través de la plataforma Zoom. La fecha para las declaraciones de los testigos de los demandantes aún está por determinar, pero no debe exceder el 24 de septiembre, que es el último día del plazo. Recientemente, la defensa del alcalde intentó retrasar el proceso presentando un recurso ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), el cual fue rechazado, permitiendo que el Tribunal Electoral Regional (TER) continúe con el requerimiento. El concejal Luis Aguilera informó que el proceso se reactivará el 10 de septiembre, marcando el inicio de la fase probatoria donde se evaluarán las pruebas presentadas por ambas partes.
Supuestos mensajes de WhatsApp entre el alcalde Jonathan Velásquez y una funcionaria municipal han sido revelados por el diario El Mercurio de Antofagasta, desencadenando acusaciones de acoso laboral. Según la información divulgada, estas conversaciones forman parte de una demanda interpuesta por la trabajadora tras presuntamente sufrir conductas persecutorias y de amedrentamiento por parte del edil. El conflicto habría surgido luego de que Velásquez supuestamente solicitara a la funcionaria ser su informante dentro de la Dirección de Operaciones del municipio, con el fin de obtener información sobre el comportamiento de otros funcionarios. Ante la negativa de la trabajadora, se habrían desencadenado represalias por parte del alcalde, según el relato expuesto. La funcionaria, quien comenzó su relación laboral con el municipio en octubre de 2023, habría sido inicialmente propuesta como secretaria personal del alcalde, pero posteriormente fue asignada como administradora del edificio de Operaciones. Se alega que Velásquez expresó su descontento con el desempeño de la trabajadora al no proporcionar la información solicitada sobre sus colegas. Ante la presunta situación de hostigamiento, la empleada habría buscado apoyo del director de Operaciones, quien le aconsejó conservar las conversaciones por su posible relevancia legal. Posteriormente, la trabajadora fue trasladada al Departamento de Tránsito, acción que habría sido interpretada como un castigo. La situación escaló con la presentación de una demanda laboral por vulneración de derechos fundamentales ante el Juzgado del Trabajo. La trabajadora habría solicitado mantener su cargo como administradora del edificio de Operaciones y una indemnización de $30 millones por daño moral. Además, en marzo, la funcionaria presentó un reclamo ante la Contraloría Regional, resultando en una solicitud de informe a la Municipalidad por parte del ente fiscalizador, donde se determinó que el alcalde habría dispuesto de manera irregular los cometidos de la denunciante.
La Asociación de Empleados Municipales de Antofagasta emitió un comunicado en respuesta a presuntas presiones ejercidas por el equipo de confianza del alcalde de la ciudad, Jonathan Velásquez, hacia los empleados municipales. En el comunicado, el directorio de ASEMUCH rechazó enfáticamente cualquier tipo de conducta que vulnere la dignidad e integridad de los funcionarios. Según la organización sindical, actividades de proselitismo político durante la jornada laboral constituyen una violación grave del principio de probidad administrativa, en consonancia con lo estipulado en la Ley N°18.575. ASEMUCH ha instado a los funcionarios municipales a denunciar cualquier forma de amedrentamiento por parte del equipo de confianza del alcalde para obtener apoyo a su candidatura, exhortándolos a proporcionar evidencia de estos hechos. Asimismo, han llamado a los concejales de la comuna a presentar una denuncia ante la Contraloría Regional de Antofagasta para que se investiguen y sancionen adecuadamente estas presuntas prácticas. El sindicato también ha recordado que los funcionarios municipales están sujetos a un régimen estatutario regulado por la Ley N°18.883, que establece el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Según esta normativa, los empleados municipales deben actuar con rectitud y lealtad, priorizando el interés general sobre el particular. En este contexto, ASEMUCH señaló que no tolerará la presión política dentro del municipio, ya que representa una amenaza para la estabilidad y el bienestar de los trabajadores que no forman parte del círculo de confianza del alcalde.
