El informe de la Contraloría General de la República reveló irregularidades significativas en la administración de recursos destinados a la Fundación Daya, una ONG creada por la diputada Ana María Gazmuri. Según el reporte, entre junio de 2015 y diciembre de 2016, la fundación recibió más de $400 millones, de los cuales más de $350 millones fueron transferidos a diversas municipalidades, incluidas Antofagasta, Calama, Tocopilla, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral y Peñalolén. El informe, divulgado por Mega Investiga, indica que el laboratorio encargado de la producción del fitofármaco no tenía la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) al momento de recibir los recursos, y solo obtuvo una autorización provisional en 2018 para la fabricación de 7.200 dosis. Estas dosis no cubrieron el total comprometido con los municipios, que tenían como objetivo atender a 2.300 pacientes anualmente. Contraloría también descubrió que las dosis no fueron destinadas exclusivamente al proyecto con los municipios, lo que resultó en que nueve de los trece municipios no recibieran el tratamiento acordado y solo dos obtuvieron parcialmente las dosis prometidas. La fundación había recibido una subvención de $288.454.625 para este fin. El informe detalla que los convenios entre la fundación y los municipios se realizaron entre 2015 y 2016, pero el ISP no autorizó el proceso para elaborar las dosis hasta 2018. Además, se identificó que los alcaldes no tomaron medidas judiciales para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, lo que contraviene la legislación vigente y afecta la eficacia del uso de los recursos públicos.
El informe de la Contraloría General de la República reveló irregularidades significativas en la administración de recursos destinados a la Fundación Daya, una ONG creada por la diputada Ana María Gazmuri. Según el reporte, entre junio de 2015 y diciembre de 2016, la fundación recibió más de $400 millones, de los cuales más de $350 millones fueron transferidos a diversas municipalidades, incluidas Antofagasta, Calama, Tocopilla, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral y Peñalolén. El informe, divulgado por Mega Investiga, indica que el laboratorio encargado de la producción del fitofármaco no tenía la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) al momento de recibir los recursos, y solo obtuvo una autorización provisional en 2018 para la fabricación de 7.200 dosis. Estas dosis no cubrieron el total comprometido con los municipios, que tenían como objetivo atender a 2.300 pacientes anualmente. Contraloría también descubrió que las dosis no fueron destinadas exclusivamente al proyecto con los municipios, lo que resultó en que nueve de los trece municipios no recibieran el tratamiento acordado y solo dos obtuvieron parcialmente las dosis prometidas. La fundación había recibido una subvención de $288.454.625 para este fin. El informe detalla que los convenios entre la fundación y los municipios se realizaron entre 2015 y 2016, pero el ISP no autorizó el proceso para elaborar las dosis hasta 2018. Además, se identificó que los alcaldes no tomaron medidas judiciales para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, lo que contraviene la legislación vigente y afecta la eficacia del uso de los recursos públicos.