La concejala de Antofagasta, Paz Fuica, se encuentra en la mira después de que Carabineros informara sobre tres ocasiones en las que no lograron encontrarla en su domicilio, donde cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario total. Según los reportes de La Tercera, el primer incidente ocurrió el 14 de marzo a la 1:30 de la madrugada, seguido por otro el 5 de abril a las 21:04 horas, y el último al día siguiente a la 1:30 horas. En todos los casos, los funcionarios policiales declararon que no obtuvieron respuesta por parte de Fuica, quien, según el informe oficial, no atendió al personal. Carabineros ha presentado un informe detallado de estas fiscalizaciones al Juzgado de Garantía de Antofagasta, resaltando la importancia de estos incumplimientos. Como consecuencia, la Fiscalía de la capital regional solicitó una audiencia de revisión de la medida cautelar de Fuica, programada para el próximo 7 de mayo a las 10 horas.
La diputada Catalina Pérez se pronunció públicamente tras su comparecencia en calidad de imputada ante el Ministerio Público en el marco del caso Democracia Viva. Pérez, quien enfrenta esta situación junto con su ex pareja Daniel Andrade y el ex seremi del Minvu Carlos Contreras, expresó su disposición a colaborar con la investigación. En declaraciones a La Tercera, Pérez señaló que aún no ha recibido una citación formal, pero está al tanto de las imputaciones en su contra. Independientemente de la calidad, lo que nos interesa es poder declarar y poder colaborar con la investigación para que se aclare lo antes posible”, declaró. La diputada reiteró su inocencia y afirmó tener toda la tranquilidad del mundo ante esta situación. Enfatizó en que no han intervenido en la sustitución de los convenios y han proporcionado toda la información de manera transparente. Por otro lado y en este contexto, la Comisión Especial Investigadora designada para el Caso Convenios 2.0 decidió solicitar al Minvu información respecto al presunto informe presentado por la exsubsecretaria Tatiana Rojas. En dicho informe, Rojas habría afirmado haber informado al ministro Carlos Montes y a La Moneda sobre el caso Democracia Viva. El presidente de la CEI, el diputado Rubén Oyarzo, expresó que tras la sesión contra la contralora Dorothy Pérez, surgieron diversas sorpresas, afirmando que quedamos con hartas dudas y generó mucha incertidumbre en los casos que estamos viendo en Convenios 2.0. En este sentido, planteó la importancia de solicitar al Ministerio de Vivienda el eventual informe de Rojas y su fecha de emisión, dado que, según lo expresado por ella ante la justicia, se habría informado del caso a partir de mayo. En relación con las declaraciones de Tatiana Rojas, Oyarzo señaló que estas contradicen lo expresado por Miguel Crispi, generando dudas sobre la veracidad de los testimonios. Además, Oyarzo anunció la invitación al Fiscal Nacional para brindar información sobre el avance de los casos relacionados con convenios, subrayando la necesidad de transparencia en estos asuntos.
En el contexto de la investigación sobre los traspasos de fondos de Democracia Viva, el asesor de La Moneda, Miguel Crispi, señalo a la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, como la persona que lo alertó sobre este tema antes de lo indicado por el gobierno. Crispi afirma haber tenido una conversación telefónica con Rojas el 7 de junio de 2023, en la que ella le proporcionó información sobre el presunto vínculo entre una fundación dirigida por Daniel Andrade y la seremi de Vivienda de la región de Antofagasta. Sin embargo, la versión de los hechos presentada por Rojas difiere de la de Crispi. En su segunda declaración ante el Ministerio Público, Rojas afirmó que fue ella quien decidió contactarse con Cristi y que le informó sobre la información disponible y las acciones que se estaban tomando al respecto. Según Tatiana, esta comunicación fue iniciativa suya y tenía como objetivo abrir un flanco de comunicación sobre el tema. La subsecretaria también cuestionó la postura del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien ha afirmado que solo recibió una minuta de una carilla de parte de Rojas. Según ella, fue el 2 de mayo de 2023 cuando Montes comenzó a consultar sobre movimientos en la seremi de Antofagasta, específicamente sobre la posible contratación masiva de militantes de Revolución Democrática.
La defensa jurídica del fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, solicitó al fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, que reinterrogue a Verónica Serrano, exjefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios y tía de Miguel Crispi. Esta solicitud se basa en un cuestionario elaborado en torno a una veintena de aspectos relacionados con el funcionamiento del mecanismo de transferencia de recursos a fundaciones, así como el papel de Serrano en dicho proceso. De esta manera, se intensificaron sus acciones con el propósito de esclarecer su participación en el caso que lo involucra a poco más de un mes de su liberación de la cárcel de Antofagasta. Entre las interrogantes planteadas por la defensa se encuentran aspectos como la selección de las entidades receptoras de fondos, la existencia de manuales para tales fines, la rapidez en la asignación de recursos a fundaciones aún por definir y la presión para acelerar gestiones en función de ejecuciones presupuestarias. La defensa de Andrade sostiene que Serrano, en su rol como encargada nacional de Asentamientos Precarios, ejerció presión para asignar y ejecutar rápidamente el presupuesto destinado a dicho fin en 2022. Es importante destacar que esta no es la primera vez que un implicado en el caso señala la responsabilidad de Serrano, ya que anteriormente lo hizo el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.
Tras la audiencia de formalización concurrida durante este lunes y martes, Fiscalía comunicó al señor Carlos Contreras su imputación como autor material de cuatro delitos consumados de fraude al fisco, la que ha resultado en prisión preventiva. Este proceso se suma a la causa denominada Democracia Viva, donde ya se encuentra bajo investigación por otros tres delitos de fraude al fisco. La nueva investigación está relacionada con los convenios firmados entre Contreras y la fundación TomArte. De esta manera, Contreras volvería nuevamente a la misma modalidad tras haberse cambiado las anteriores preventivas el 12 de enero, adjudicándole arraigo nacional y arresto domiciliario. Según la exposición del fiscal Cristián Aguilar, la fundación TomArte fue constituida el 16 de noviembre del 2021 y, en el momento de los hechos investigados, estaba representada por Kelly Betancourt Acosta. Esta organización tenía como objetivo promover iniciativas culturales y artísticas en territorios populares. Sin embargo, Aguilar detalló que TomArte no cumplía con los requisitos exigidos para ser receptora de fondos públicos, según los propios criterios establecidos por Contreras. A pesar de esto, el exseremi instruyó la inclusión de TomArte como beneficiaria de fondos públicos y luego asignó cuatro convenios a la misma, sin participación del Serviu en la selección. El fiscal también señaló que Betancourt Acosta se autocontrató para prestar servicios a la fundación, utilizando fondos fiscales. Los gastos declarados por la fundación fueron cuestionados por la Fiscalía debido a irregularidades en la rendición de cuentas y la falta de respaldo de los gastos realizados. Además, presuntamente se emitió boletas de honorarios que no fueron declaradas en las rendiciones de cuentas, lo que sumó más sospechas sobre la gestión de los fondos. Se entregaron 75 días de investigación del caso.
La concejala de Antofagasta, Paz Fuica, se encuentra en la mira después de que Carabineros informara sobre tres ocasiones en las que no lograron encontrarla en su domicilio, donde cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario total. Según los reportes de La Tercera, el primer incidente ocurrió el 14 de marzo a la 1:30 de la madrugada, seguido por otro el 5 de abril a las 21:04 horas, y el último al día siguiente a la 1:30 horas. En todos los casos, los funcionarios policiales declararon que no obtuvieron respuesta por parte de Fuica, quien, según el informe oficial, no atendió al personal. Carabineros ha presentado un informe detallado de estas fiscalizaciones al Juzgado de Garantía de Antofagasta, resaltando la importancia de estos incumplimientos. Como consecuencia, la Fiscalía de la capital regional solicitó una audiencia de revisión de la medida cautelar de Fuica, programada para el próximo 7 de mayo a las 10 horas.
La diputada Catalina Pérez se pronunció públicamente tras su comparecencia en calidad de imputada ante el Ministerio Público en el marco del caso Democracia Viva. Pérez, quien enfrenta esta situación junto con su ex pareja Daniel Andrade y el ex seremi del Minvu Carlos Contreras, expresó su disposición a colaborar con la investigación. En declaraciones a La Tercera, Pérez señaló que aún no ha recibido una citación formal, pero está al tanto de las imputaciones en su contra. Independientemente de la calidad, lo que nos interesa es poder declarar y poder colaborar con la investigación para que se aclare lo antes posible”, declaró. La diputada reiteró su inocencia y afirmó tener toda la tranquilidad del mundo ante esta situación. Enfatizó en que no han intervenido en la sustitución de los convenios y han proporcionado toda la información de manera transparente. Por otro lado y en este contexto, la Comisión Especial Investigadora designada para el Caso Convenios 2.0 decidió solicitar al Minvu información respecto al presunto informe presentado por la exsubsecretaria Tatiana Rojas. En dicho informe, Rojas habría afirmado haber informado al ministro Carlos Montes y a La Moneda sobre el caso Democracia Viva. El presidente de la CEI, el diputado Rubén Oyarzo, expresó que tras la sesión contra la contralora Dorothy Pérez, surgieron diversas sorpresas, afirmando que quedamos con hartas dudas y generó mucha incertidumbre en los casos que estamos viendo en Convenios 2.0. En este sentido, planteó la importancia de solicitar al Ministerio de Vivienda el eventual informe de Rojas y su fecha de emisión, dado que, según lo expresado por ella ante la justicia, se habría informado del caso a partir de mayo. En relación con las declaraciones de Tatiana Rojas, Oyarzo señaló que estas contradicen lo expresado por Miguel Crispi, generando dudas sobre la veracidad de los testimonios. Además, Oyarzo anunció la invitación al Fiscal Nacional para brindar información sobre el avance de los casos relacionados con convenios, subrayando la necesidad de transparencia en estos asuntos.
En el contexto de la investigación sobre los traspasos de fondos de Democracia Viva, el asesor de La Moneda, Miguel Crispi, señalo a la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, como la persona que lo alertó sobre este tema antes de lo indicado por el gobierno. Crispi afirma haber tenido una conversación telefónica con Rojas el 7 de junio de 2023, en la que ella le proporcionó información sobre el presunto vínculo entre una fundación dirigida por Daniel Andrade y la seremi de Vivienda de la región de Antofagasta. Sin embargo, la versión de los hechos presentada por Rojas difiere de la de Crispi. En su segunda declaración ante el Ministerio Público, Rojas afirmó que fue ella quien decidió contactarse con Cristi y que le informó sobre la información disponible y las acciones que se estaban tomando al respecto. Según Tatiana, esta comunicación fue iniciativa suya y tenía como objetivo abrir un flanco de comunicación sobre el tema. La subsecretaria también cuestionó la postura del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien ha afirmado que solo recibió una minuta de una carilla de parte de Rojas. Según ella, fue el 2 de mayo de 2023 cuando Montes comenzó a consultar sobre movimientos en la seremi de Antofagasta, específicamente sobre la posible contratación masiva de militantes de Revolución Democrática.
La defensa jurídica del fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, solicitó al fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, que reinterrogue a Verónica Serrano, exjefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios y tía de Miguel Crispi. Esta solicitud se basa en un cuestionario elaborado en torno a una veintena de aspectos relacionados con el funcionamiento del mecanismo de transferencia de recursos a fundaciones, así como el papel de Serrano en dicho proceso. De esta manera, se intensificaron sus acciones con el propósito de esclarecer su participación en el caso que lo involucra a poco más de un mes de su liberación de la cárcel de Antofagasta. Entre las interrogantes planteadas por la defensa se encuentran aspectos como la selección de las entidades receptoras de fondos, la existencia de manuales para tales fines, la rapidez en la asignación de recursos a fundaciones aún por definir y la presión para acelerar gestiones en función de ejecuciones presupuestarias. La defensa de Andrade sostiene que Serrano, en su rol como encargada nacional de Asentamientos Precarios, ejerció presión para asignar y ejecutar rápidamente el presupuesto destinado a dicho fin en 2022. Es importante destacar que esta no es la primera vez que un implicado en el caso señala la responsabilidad de Serrano, ya que anteriormente lo hizo el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.
Tras la audiencia de formalización concurrida durante este lunes y martes, Fiscalía comunicó al señor Carlos Contreras su imputación como autor material de cuatro delitos consumados de fraude al fisco, la que ha resultado en prisión preventiva. Este proceso se suma a la causa denominada Democracia Viva, donde ya se encuentra bajo investigación por otros tres delitos de fraude al fisco. La nueva investigación está relacionada con los convenios firmados entre Contreras y la fundación TomArte. De esta manera, Contreras volvería nuevamente a la misma modalidad tras haberse cambiado las anteriores preventivas el 12 de enero, adjudicándole arraigo nacional y arresto domiciliario. Según la exposición del fiscal Cristián Aguilar, la fundación TomArte fue constituida el 16 de noviembre del 2021 y, en el momento de los hechos investigados, estaba representada por Kelly Betancourt Acosta. Esta organización tenía como objetivo promover iniciativas culturales y artísticas en territorios populares. Sin embargo, Aguilar detalló que TomArte no cumplía con los requisitos exigidos para ser receptora de fondos públicos, según los propios criterios establecidos por Contreras. A pesar de esto, el exseremi instruyó la inclusión de TomArte como beneficiaria de fondos públicos y luego asignó cuatro convenios a la misma, sin participación del Serviu en la selección. El fiscal también señaló que Betancourt Acosta se autocontrató para prestar servicios a la fundación, utilizando fondos fiscales. Los gastos declarados por la fundación fueron cuestionados por la Fiscalía debido a irregularidades en la rendición de cuentas y la falta de respaldo de los gastos realizados. Además, presuntamente se emitió boletas de honorarios que no fueron declaradas en las rendiciones de cuentas, lo que sumó más sospechas sobre la gestión de los fondos. Se entregaron 75 días de investigación del caso.
