La Contraloría General de la República ha ordenado al Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) exigir a la municipalidad de la capital regional el reintegro de $50.499.000, debido a gastos improcedentes dentro del marco del programa “Apoyo a la Salud Mental Infantil” (PASMI). Según informó Timeline, la medida se toma tras una fiscalización realizada a los recursos entregados por el Ministerio de Salud para dicho programa, que se ejecutó entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. La auditoría realizada por la Contraloría reveló que la municipalidad de Antofagasta, a través de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), contrató servicios de traslados para diversos programas municipales, pero no incluyó al personal específico del programa PASMI. Estos traslados, correspondientes a visitas domiciliarias y educacionales, fueron cobrados sin que estuvieran directamente relacionados con el objetivo del programa de salud mental infantil. El contrato de servicios de transporte, firmado en 2020, no especificaba que los traslados correspondieran a actividades del mencionado. Además, la Contraloría encontró que los gastos rendidos por la municipalidad, entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023, no se ajustaron a los convenios establecidos. Por ello, se instruyó el reintegro de los $50.499.000 por los gastos que no fueron correctamente justificados, y se solicitó que el SSA adopte medidas de control y supervisión para evitar que situaciones similares se repitan en futuras auditorías. La fiscalización también detectó otras inconsistencias en la implementación del programa PASMI, como la falta de validación de la información sobre la cantidad de pacientes atendidos y el cumplimiento de las acciones acordadas en los convenios, lo que impide asegurar la efectividad de la iniciativa. Ante esta situación, la Contraloría recomendó incluir el caso en un procedimiento disciplinario para determinar posibles responsabilidades administrativas. Fuente: Timeline
La Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Antofagasta entregó una carta formal de rechazo al dictamen emitido por la nueva Contralora General de la República, Dorothy Pérez, que modifica el criterio sobre la legítima confianza. Esta modificación pone fin a la jurisprudencia administrativa que otorgaba estabilidad laboral a los funcionarios públicos contratados de manera continua durante un largo período, lo que, según Anef, podría poner en riesgo la seguridad laboral de los empleados del Estado. El concepto de legítima confianza establece que un trabajador con años de contrato continuo tiene la expectativa razonable de mantener su empleo bajo las mismas condiciones. Para los gremios, la eliminación de este criterio podría generar incertidumbre y precarización en las relaciones laborales con el Estado. Nora Biaggini, presidenta regional de Anef, destacó la importancia de este principio en la protección de los derechos laborales. Nos encontramos con muchos gremios entregando la carta a la Contraloría Regional en relación a la Confianza Legítima. Rechazamos totalmente el dictamen emitido por la nueva contralora general, afirmó. Biaggini agregó que en Antofagasta se han logrado victorias judiciales en defensa de la estabilidad laboral, recordando que el Estado ha sido garante de estos derechos en tribunales. Los gremios manifestaron su rechazo en diversas regiones del país, entregando cartas en las sedes de la Contraloría para solicitar la reconsideración de este dictamen. Con la entrega de estos documentos, los funcionarios apelan a que se revierta la decisión que, según argumentan, afecta la estabilidad de sus condiciones laborales.
La Contraloría General de la República ha ordenado al Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) exigir a la municipalidad de la capital regional el reintegro de $50.499.000, debido a gastos improcedentes dentro del marco del programa “Apoyo a la Salud Mental Infantil” (PASMI). Según informó Timeline, la medida se toma tras una fiscalización realizada a los recursos entregados por el Ministerio de Salud para dicho programa, que se ejecutó entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. La auditoría realizada por la Contraloría reveló que la municipalidad de Antofagasta, a través de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), contrató servicios de traslados para diversos programas municipales, pero no incluyó al personal específico del programa PASMI. Estos traslados, correspondientes a visitas domiciliarias y educacionales, fueron cobrados sin que estuvieran directamente relacionados con el objetivo del programa de salud mental infantil. El contrato de servicios de transporte, firmado en 2020, no especificaba que los traslados correspondieran a actividades del mencionado. Además, la Contraloría encontró que los gastos rendidos por la municipalidad, entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023, no se ajustaron a los convenios establecidos. Por ello, se instruyó el reintegro de los $50.499.000 por los gastos que no fueron correctamente justificados, y se solicitó que el SSA adopte medidas de control y supervisión para evitar que situaciones similares se repitan en futuras auditorías. La fiscalización también detectó otras inconsistencias en la implementación del programa PASMI, como la falta de validación de la información sobre la cantidad de pacientes atendidos y el cumplimiento de las acciones acordadas en los convenios, lo que impide asegurar la efectividad de la iniciativa. Ante esta situación, la Contraloría recomendó incluir el caso en un procedimiento disciplinario para determinar posibles responsabilidades administrativas. Fuente: Timeline
La Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Antofagasta entregó una carta formal de rechazo al dictamen emitido por la nueva Contralora General de la República, Dorothy Pérez, que modifica el criterio sobre la legítima confianza. Esta modificación pone fin a la jurisprudencia administrativa que otorgaba estabilidad laboral a los funcionarios públicos contratados de manera continua durante un largo período, lo que, según Anef, podría poner en riesgo la seguridad laboral de los empleados del Estado. El concepto de legítima confianza establece que un trabajador con años de contrato continuo tiene la expectativa razonable de mantener su empleo bajo las mismas condiciones. Para los gremios, la eliminación de este criterio podría generar incertidumbre y precarización en las relaciones laborales con el Estado. Nora Biaggini, presidenta regional de Anef, destacó la importancia de este principio en la protección de los derechos laborales. Nos encontramos con muchos gremios entregando la carta a la Contraloría Regional en relación a la Confianza Legítima. Rechazamos totalmente el dictamen emitido por la nueva contralora general, afirmó. Biaggini agregó que en Antofagasta se han logrado victorias judiciales en defensa de la estabilidad laboral, recordando que el Estado ha sido garante de estos derechos en tribunales. Los gremios manifestaron su rechazo en diversas regiones del país, entregando cartas en las sedes de la Contraloría para solicitar la reconsideración de este dictamen. Con la entrega de estos documentos, los funcionarios apelan a que se revierta la decisión que, según argumentan, afecta la estabilidad de sus condiciones laborales.