La diputada Catalina Pérez se pronunció públicamente tras su comparecencia en calidad de imputada ante el Ministerio Público en el marco del caso Democracia Viva. Pérez, quien enfrenta esta situación junto con su ex pareja Daniel Andrade y el ex seremi del Minvu Carlos Contreras, expresó su disposición a colaborar con la investigación. En declaraciones a La Tercera, Pérez señaló que aún no ha recibido una citación formal, pero está al tanto de las imputaciones en su contra. Independientemente de la calidad, lo que nos interesa es poder declarar y poder colaborar con la investigación para que se aclare lo antes posible”, declaró. La diputada reiteró su inocencia y afirmó tener toda la tranquilidad del mundo ante esta situación. Enfatizó en que no han intervenido en la sustitución de los convenios y han proporcionado toda la información de manera transparente. Por otro lado y en este contexto, la Comisión Especial Investigadora designada para el Caso Convenios 2.0 decidió solicitar al Minvu información respecto al presunto informe presentado por la exsubsecretaria Tatiana Rojas. En dicho informe, Rojas habría afirmado haber informado al ministro Carlos Montes y a La Moneda sobre el caso Democracia Viva. El presidente de la CEI, el diputado Rubén Oyarzo, expresó que tras la sesión contra la contralora Dorothy Pérez, surgieron diversas sorpresas, afirmando que quedamos con hartas dudas y generó mucha incertidumbre en los casos que estamos viendo en Convenios 2.0. En este sentido, planteó la importancia de solicitar al Ministerio de Vivienda el eventual informe de Rojas y su fecha de emisión, dado que, según lo expresado por ella ante la justicia, se habría informado del caso a partir de mayo. En relación con las declaraciones de Tatiana Rojas, Oyarzo señaló que estas contradicen lo expresado por Miguel Crispi, generando dudas sobre la veracidad de los testimonios. Además, Oyarzo anunció la invitación al Fiscal Nacional para brindar información sobre el avance de los casos relacionados con convenios, subrayando la necesidad de transparencia en estos asuntos.
Las ramificaciones del caso Democracia Viva siguen expandiéndose y, tras alegatos dentro de la audiencia de formalización de la investigación contra Carlos Contreras y Daniel Andrade, Catalina Pérez fue definida como imputada al respecto. Por otro lado, se deduce que la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, corra suerte similar. En el caso de la diputada Pérez y según La Tercera, aunque desde su círculo siempre se afirmó que era sólo una testigo, un informe de la PDI del 19 de julio arrojó nuevos antecedentes. Así, se podría configurar el delito de tráfico de influencias entre Contreras, Andrade y posiblemente la diputada Pérez debido a su relación sentimental con el representante legal de la fundación. El abogado de la parlamentario, Gonzalo Medina, en ese momento descartó cualquier vínculo irregular de su representada y afirmó que no había sido acusada en ninguna calidad en la investigación. Sin embargo, la Fiscalía desafió esta afirmación y, a través de un requerimiento a la PDI, solicitó investigar las comunicaciones telefónicas de la diputada. La autorización del tribunal, de revisar dos teléfonos, permitió solicitar a empresas telefónicas el tráfico de llamadas y datos móviles operados entre mayo de 2022 y junio de 2023. La situación de Paz Fuica se sitúa derechamente dentro del relato de la audiencia: el fiscal Cristian Aguilar dedicó un capítulo completo a la concejala, vinculándola estrechamente a los fraudes detectados. El fiscal Aguilar reveló que Fuica ocupaba un influyente rol al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta, especialmente durante la época en que Contreras firmó millonarios convenios con la fundación del entonces pareja de la diputada Pérez. En las declaraciones, se cuestionó fuertemente la forma en que desempeñaba ese influyente rol. El señor Contreras con la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, disponía y tomaba decisiones sobre la transferencia de los recursos y le daba instrucciones a Asentamiento Precarios del Minvu Antofagasta que luego traspasaban al Serviu para los efectos de celebrar los tratos. Pero resulta que Paz Fuica no tiene nada que ver con la seremi Minvu Antofagasta, y resulta que ella tomaba las decisiones con el señor Contreras, indicó el fiscal, atendiendo a lo informado por Timeline.
En un informe remitido a la Fiscalía el pasado 1 de diciembre, la Unidad de Lavado de Activos detalló un exhaustivo análisis de los movimientos bancarios de la diputada Catalina Pérez, representante de Revolución Democrática (RD), y ex pareja del líder de Democracia Viva, Daniel Andrade. El documento se centra en un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que abarca los flujos financieros de la parlamentaria durante los meses de agosto y septiembre de 2023, aproximadamente un año después de que la Seremi de Vivienda de Antofagasta adjudicara tres convenios a Democracia Viva por un total de $426 millones. Según la UAF, la mayor parte de los abonos a la cuenta de la diputada Pérez proviene de la Cámara de Diputados, sumando $167.240.123 correspondientes a su sueldo mensual y $40.168.393 provenientes de otras asignaciones de la misma entidad. Estos pagos se realizaron a lo largo del período de análisis. En el análisis de las transferencias recibidas, depósitos con documentos, depósitos en efectivo y demás transacciones, la UAF identificó más de 160 vínculos transaccionales, con una muestra equivalente a $98.329.732. En el listado de personas que colaboraron con abonos a la cuenta de la diputada se encuentran nombres como Gustavo Riveros Adasme, seremi de Medioambiente de Antofagasta, quien realizó un depósito de $15.085.732 y un cargo por $68.793.665 en la misma cuenta. Asimismo, la jefa de gabinete de la Municipalidad de Ñuñoa, Valeska Ramirez, efectuó un abono por $10.701.141, y el director regional de Sercotec de Antofagasta, Kevin Galleguillos, depositó $9.045.000. En cuanto a las transacciones con Democracia Viva, se destaca un cargo a favor de Revolución Democrática por $14.128.000 y transacciones mutuas entre Catalina Pérez y su expareja Daniel Andrade, con montos que oscilan entre $5 y $7 millones. El informe también señala transferencias de Andrade a la cuenta de la diputada Pérez por más de $15 millones, realizadas después de la adjudicación del convenio a Democracia Viva. Estos montos están actualmente bajo escrutinio.
La diputada Catalina Pérez se pronunció públicamente tras su comparecencia en calidad de imputada ante el Ministerio Público en el marco del caso Democracia Viva. Pérez, quien enfrenta esta situación junto con su ex pareja Daniel Andrade y el ex seremi del Minvu Carlos Contreras, expresó su disposición a colaborar con la investigación. En declaraciones a La Tercera, Pérez señaló que aún no ha recibido una citación formal, pero está al tanto de las imputaciones en su contra. Independientemente de la calidad, lo que nos interesa es poder declarar y poder colaborar con la investigación para que se aclare lo antes posible”, declaró. La diputada reiteró su inocencia y afirmó tener toda la tranquilidad del mundo ante esta situación. Enfatizó en que no han intervenido en la sustitución de los convenios y han proporcionado toda la información de manera transparente. Por otro lado y en este contexto, la Comisión Especial Investigadora designada para el Caso Convenios 2.0 decidió solicitar al Minvu información respecto al presunto informe presentado por la exsubsecretaria Tatiana Rojas. En dicho informe, Rojas habría afirmado haber informado al ministro Carlos Montes y a La Moneda sobre el caso Democracia Viva. El presidente de la CEI, el diputado Rubén Oyarzo, expresó que tras la sesión contra la contralora Dorothy Pérez, surgieron diversas sorpresas, afirmando que quedamos con hartas dudas y generó mucha incertidumbre en los casos que estamos viendo en Convenios 2.0. En este sentido, planteó la importancia de solicitar al Ministerio de Vivienda el eventual informe de Rojas y su fecha de emisión, dado que, según lo expresado por ella ante la justicia, se habría informado del caso a partir de mayo. En relación con las declaraciones de Tatiana Rojas, Oyarzo señaló que estas contradicen lo expresado por Miguel Crispi, generando dudas sobre la veracidad de los testimonios. Además, Oyarzo anunció la invitación al Fiscal Nacional para brindar información sobre el avance de los casos relacionados con convenios, subrayando la necesidad de transparencia en estos asuntos.
Las ramificaciones del caso Democracia Viva siguen expandiéndose y, tras alegatos dentro de la audiencia de formalización de la investigación contra Carlos Contreras y Daniel Andrade, Catalina Pérez fue definida como imputada al respecto. Por otro lado, se deduce que la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, corra suerte similar. En el caso de la diputada Pérez y según La Tercera, aunque desde su círculo siempre se afirmó que era sólo una testigo, un informe de la PDI del 19 de julio arrojó nuevos antecedentes. Así, se podría configurar el delito de tráfico de influencias entre Contreras, Andrade y posiblemente la diputada Pérez debido a su relación sentimental con el representante legal de la fundación. El abogado de la parlamentario, Gonzalo Medina, en ese momento descartó cualquier vínculo irregular de su representada y afirmó que no había sido acusada en ninguna calidad en la investigación. Sin embargo, la Fiscalía desafió esta afirmación y, a través de un requerimiento a la PDI, solicitó investigar las comunicaciones telefónicas de la diputada. La autorización del tribunal, de revisar dos teléfonos, permitió solicitar a empresas telefónicas el tráfico de llamadas y datos móviles operados entre mayo de 2022 y junio de 2023. La situación de Paz Fuica se sitúa derechamente dentro del relato de la audiencia: el fiscal Cristian Aguilar dedicó un capítulo completo a la concejala, vinculándola estrechamente a los fraudes detectados. El fiscal Aguilar reveló que Fuica ocupaba un influyente rol al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta, especialmente durante la época en que Contreras firmó millonarios convenios con la fundación del entonces pareja de la diputada Pérez. En las declaraciones, se cuestionó fuertemente la forma en que desempeñaba ese influyente rol. El señor Contreras con la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, disponía y tomaba decisiones sobre la transferencia de los recursos y le daba instrucciones a Asentamiento Precarios del Minvu Antofagasta que luego traspasaban al Serviu para los efectos de celebrar los tratos. Pero resulta que Paz Fuica no tiene nada que ver con la seremi Minvu Antofagasta, y resulta que ella tomaba las decisiones con el señor Contreras, indicó el fiscal, atendiendo a lo informado por Timeline.
En un informe remitido a la Fiscalía el pasado 1 de diciembre, la Unidad de Lavado de Activos detalló un exhaustivo análisis de los movimientos bancarios de la diputada Catalina Pérez, representante de Revolución Democrática (RD), y ex pareja del líder de Democracia Viva, Daniel Andrade. El documento se centra en un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que abarca los flujos financieros de la parlamentaria durante los meses de agosto y septiembre de 2023, aproximadamente un año después de que la Seremi de Vivienda de Antofagasta adjudicara tres convenios a Democracia Viva por un total de $426 millones. Según la UAF, la mayor parte de los abonos a la cuenta de la diputada Pérez proviene de la Cámara de Diputados, sumando $167.240.123 correspondientes a su sueldo mensual y $40.168.393 provenientes de otras asignaciones de la misma entidad. Estos pagos se realizaron a lo largo del período de análisis. En el análisis de las transferencias recibidas, depósitos con documentos, depósitos en efectivo y demás transacciones, la UAF identificó más de 160 vínculos transaccionales, con una muestra equivalente a $98.329.732. En el listado de personas que colaboraron con abonos a la cuenta de la diputada se encuentran nombres como Gustavo Riveros Adasme, seremi de Medioambiente de Antofagasta, quien realizó un depósito de $15.085.732 y un cargo por $68.793.665 en la misma cuenta. Asimismo, la jefa de gabinete de la Municipalidad de Ñuñoa, Valeska Ramirez, efectuó un abono por $10.701.141, y el director regional de Sercotec de Antofagasta, Kevin Galleguillos, depositó $9.045.000. En cuanto a las transacciones con Democracia Viva, se destaca un cargo a favor de Revolución Democrática por $14.128.000 y transacciones mutuas entre Catalina Pérez y su expareja Daniel Andrade, con montos que oscilan entre $5 y $7 millones. El informe también señala transferencias de Andrade a la cuenta de la diputada Pérez por más de $15 millones, realizadas después de la adjudicación del convenio a Democracia Viva. Estos montos están actualmente bajo escrutinio.
