La diputada Catalina Pérez presentó su renuncia al Frente Amplio (FA) el 15 de noviembre, después de 10 años de militancia en la coalición. A través de un comunicado, la parlamentaria expresó que su decisión fue tomada tras un proceso de profunda reflexión y con la convicción de que es momento de enfocar sus esfuerzos en su región de Antofagasta. Pérez, quien en su trayectoria fue militante de Revolución Democrática (RD) y luego participó en la fusión de esta agrupación con Convergencia Social, había sido suspendida por un año de RD tras el escándalo del Caso Democracia Viva. La relación con su partido fue marcada por tensiones, y recientemente, la diputada Yeomans (FA) había solicitado sanciones contra Pérez debido a nuevos antecedentes revelados en mensajes de WhatsApp que forman parte de la carpeta investigativa del Ministerio Público. [Tengo] la convicción de que, hoy más que nunca, necesito dedicar mis energías a mi región de Antofagasta, su gente, sus calles y sus inmensas desigualdades. Nos seguiremos encontrando ahí dónde siempre ha importado estar, en el territorio, trabajando codo a codo con las comunidades, escribe el comunicado.
Una serie de conversaciones extraídas de más de 10 mil páginas de la carpeta investigativa sobre el convenio entre la fundación Democracia Viva, vinculada al partido Revolución Democrática (RD), y la SEREMI de Vivienda de Antofagasta por más de $400 millones, ha generado nuevos cuestionamientos sobre el conocimiento de la diputada Catalina Pérez (FA) respecto al manejo de los fondos. Según un informe publicado por el diario La Segunda, los mensajes revelan intercambios entre los principales involucrados en el caso: Edson Dettoni, secretario ejecutivo de RD; Daniel Andrade, exlíder del partido y representante de la fundación; y la diputada Pérez, quien en un principio había afirmado desconocer el asunto hasta que este salió a la luz públicamente. En los chats, se observa cómo Andrade y Dettoni discutían detalles sobre la gestión del convenio, mientras que Pérez aparecía en las conversaciones, lo que sugiere que podría haber estado al tanto del acuerdo. En un mensaje, Andrade le relató a Dettoni sobre una conversación con la diputada, señalando: “No le tomamos peso con la Cata (Pérez). En algún momento lo conversamos en la cama, antes de dormir, por decirlo así. Ese fue nuestro gran error. Me siento fatal por la wea”. Esta declaración ha sido interpretada como una evidencia de que Pérez tenía conocimiento de los detalles del convenio. Preocupada por su posible implicación, Pérez envió un mensaje a Dettoni en el que le expresó: “Soy una afiliada involucrada”. La respuesta de Dettoni fue tajante: “Tú no”. Sin embargo, Pérez insistió: “Pero si la nota que envían me involucra pu, porque no sé si contribuye mucho al objetivo de cuidado”, sugiriendo su preocupación por cómo su nombre podría verse involucrado en la controversia. En otro mensaje, Dettoni sugirió que si solo se mencionaban los nombres de otros involucrados, como Carlos Contreras y Daniel Andrade, el nombre de Pérez quedaría fuera de la controversia. Esta interacción ha generado aún más interrogantes sobre el nivel de conocimiento y participación de la diputada en el manejo del convenio. Además, una conversación fechada el 30 de mayo reveló un intercambio entre Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, y Paloma Larraín, encargada del equipo territorial de Pérez. En este chat, Contreras solicitó borrar ciertos mensajes, siguiendo una recomendación de Larraín de trasladar la conversación a una aplicación más segura, lo que añade una capa de complejidad al caso. El material extraído por la Policía de Investigaciones también muestra que Andrade y Dettoni discutían cómo justificar los pagos realizados a través del convenio y cómo enfrentarse a los cuestionamientos sobre el proceso. Dettoni sugirió la creación de un relato basado en documentos de respaldo, mientras que Andrade trataba de minimizar las irregularidades. Con información de: Timeline
En audiencias extensas realizadas en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja formalizó al ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras Gutiérrez, por dos delitos de fraude al fisco y dos delitos de cohecho, en el marco de la arista Fusupo del Caso Convenios. Las audiencias, que duraron más de cinco horas, también abordaron la formalización de la presidenta del Movimiento Fibra, M.D.O., y de la representante de la empresa Triángulo Spa, L.C.M., por tres delitos de fraude al fisco en la arista Fibra del mismo caso. En la arista Fusupo, el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela explicó que el 1 de julio de 2022, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo firmó dos convenios con la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza para la ejecución del Plan de Acompañamiento Social y Comunitario en campamentos de Antofagasta. El ex seremi Contreras habría solicitado, sin autorización, la contratación de dos personas con fondos del convenio, incluyendo a la psicóloga Paz Fuica Contreras, quien también está formalizada en el Caso Convenios. Debido a que Contreras ya se encuentra en prisión preventiva por otras aristas del Caso Convenios, el Juzgado de Garantía de Antofagasta accedió a posponer la discusión sobre las medidas cautelares para el 18 de octubre. La investigación en esta nueva arista del caso tiene un plazo de 75 días. En la segunda audiencia, se formalizó a M.D.O. y a L.C.M. en la arista Fibra. Según el fiscal Aguilar, en septiembre de 2022, el Minvu suscribió tres convenios con Fibra para obras en campamentos por un total de $430 millones. Contreras habría intervenido en el proceso, asegurando la asignación de proyectos a Fibra y favoreciendo a la empresa Triángulo Spa, de la cual L.C.M. obtuvo un lucro ilegítimo de $36.474.704 mediante facturas emitidas entre enero y diciembre de 2023. El tribunal determinó prisión preventiva para L.C.M. debido al peligro que representa para la seguridad de la sociedad, mientras que M.D.O. quedó con arraigo nacional. Con estas formalizaciones, el Caso Convenios acumula cuatro aristas judicializadas, sumando las ya desarrolladas en Democracia Viva, TomArte y Fibra.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta ha decidido extender el plazo de investigación en el caso Democracia Viva hasta el 14 de octubre, después de que la Fiscalía solicitara una ampliación de 48 días. La solicitud de extensión se basó en la necesidad de completar diligencias pendientes, que incluyen tareas por parte de la Brigada de Delitos Económicos de Antofagasta y el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones. Durante la audiencia, también se informó que las investigaciones relacionadas con Democracia Viva y la Fundación Cultural TomArte serán fusionadas en una sola investigación. El caso Democracia Viva, originado en 2022, investiga un presunto fraude al fisco en tres convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por un total de $426 millones. Entre los formalizados están Daniel Andrade, fundador de la organización, y la concejal de Antofagasta, Paz Fuica, ambos bajo arresto domiciliario. Por su parte, la investigación de la Fundación Cultural TomArte aborda cuatro convenios con el Minvu, lo que ha llevado a la formalización de Carlos Contreras por delitos de fraude al fisco y a Kelly Betancourt, gestora cultural, por cargos de lavado de activos, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. Ambas causas, ahora unificadas, seguirán bajo investigación hasta mediados de octubre, momento en el que se iniciará la fase de preparación del juicio oral.
La Fiscalía de Antofagasta ha solicitado al Juzgado de Garantía la formalización de investigación contra Carlos Contreras Gutiérrez, ex seremi de Vivienda y Urbanismo, por presunta participación en delitos de fraude al Fisco y cohecho. Estos cargos están relacionados con convenios firmados en 2022 entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Superación de la Pobreza. El Juzgado de Garantía ha programado la audiencia de formalización para el 9 de septiembre a las 10:00 horas. Además, a solicitud del Ministerio Público, se ha fijado otra audiencia para el 3 de septiembre a las 9:30 horas, donde Contreras será formalizado por delitos reiterados de fraude al Fisco en relación con convenios entre el Minvu y la Fundación Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra, también del año 2022.
La diputada Catalina Pérez presentó su renuncia al Frente Amplio (FA) el 15 de noviembre, después de 10 años de militancia en la coalición. A través de un comunicado, la parlamentaria expresó que su decisión fue tomada tras un proceso de profunda reflexión y con la convicción de que es momento de enfocar sus esfuerzos en su región de Antofagasta. Pérez, quien en su trayectoria fue militante de Revolución Democrática (RD) y luego participó en la fusión de esta agrupación con Convergencia Social, había sido suspendida por un año de RD tras el escándalo del Caso Democracia Viva. La relación con su partido fue marcada por tensiones, y recientemente, la diputada Yeomans (FA) había solicitado sanciones contra Pérez debido a nuevos antecedentes revelados en mensajes de WhatsApp que forman parte de la carpeta investigativa del Ministerio Público. [Tengo] la convicción de que, hoy más que nunca, necesito dedicar mis energías a mi región de Antofagasta, su gente, sus calles y sus inmensas desigualdades. Nos seguiremos encontrando ahí dónde siempre ha importado estar, en el territorio, trabajando codo a codo con las comunidades, escribe el comunicado.
Una serie de conversaciones extraídas de más de 10 mil páginas de la carpeta investigativa sobre el convenio entre la fundación Democracia Viva, vinculada al partido Revolución Democrática (RD), y la SEREMI de Vivienda de Antofagasta por más de $400 millones, ha generado nuevos cuestionamientos sobre el conocimiento de la diputada Catalina Pérez (FA) respecto al manejo de los fondos. Según un informe publicado por el diario La Segunda, los mensajes revelan intercambios entre los principales involucrados en el caso: Edson Dettoni, secretario ejecutivo de RD; Daniel Andrade, exlíder del partido y representante de la fundación; y la diputada Pérez, quien en un principio había afirmado desconocer el asunto hasta que este salió a la luz públicamente. En los chats, se observa cómo Andrade y Dettoni discutían detalles sobre la gestión del convenio, mientras que Pérez aparecía en las conversaciones, lo que sugiere que podría haber estado al tanto del acuerdo. En un mensaje, Andrade le relató a Dettoni sobre una conversación con la diputada, señalando: “No le tomamos peso con la Cata (Pérez). En algún momento lo conversamos en la cama, antes de dormir, por decirlo así. Ese fue nuestro gran error. Me siento fatal por la wea”. Esta declaración ha sido interpretada como una evidencia de que Pérez tenía conocimiento de los detalles del convenio. Preocupada por su posible implicación, Pérez envió un mensaje a Dettoni en el que le expresó: “Soy una afiliada involucrada”. La respuesta de Dettoni fue tajante: “Tú no”. Sin embargo, Pérez insistió: “Pero si la nota que envían me involucra pu, porque no sé si contribuye mucho al objetivo de cuidado”, sugiriendo su preocupación por cómo su nombre podría verse involucrado en la controversia. En otro mensaje, Dettoni sugirió que si solo se mencionaban los nombres de otros involucrados, como Carlos Contreras y Daniel Andrade, el nombre de Pérez quedaría fuera de la controversia. Esta interacción ha generado aún más interrogantes sobre el nivel de conocimiento y participación de la diputada en el manejo del convenio. Además, una conversación fechada el 30 de mayo reveló un intercambio entre Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, y Paloma Larraín, encargada del equipo territorial de Pérez. En este chat, Contreras solicitó borrar ciertos mensajes, siguiendo una recomendación de Larraín de trasladar la conversación a una aplicación más segura, lo que añade una capa de complejidad al caso. El material extraído por la Policía de Investigaciones también muestra que Andrade y Dettoni discutían cómo justificar los pagos realizados a través del convenio y cómo enfrentarse a los cuestionamientos sobre el proceso. Dettoni sugirió la creación de un relato basado en documentos de respaldo, mientras que Andrade trataba de minimizar las irregularidades. Con información de: Timeline
En audiencias extensas realizadas en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja formalizó al ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras Gutiérrez, por dos delitos de fraude al fisco y dos delitos de cohecho, en el marco de la arista Fusupo del Caso Convenios. Las audiencias, que duraron más de cinco horas, también abordaron la formalización de la presidenta del Movimiento Fibra, M.D.O., y de la representante de la empresa Triángulo Spa, L.C.M., por tres delitos de fraude al fisco en la arista Fibra del mismo caso. En la arista Fusupo, el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela explicó que el 1 de julio de 2022, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo firmó dos convenios con la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza para la ejecución del Plan de Acompañamiento Social y Comunitario en campamentos de Antofagasta. El ex seremi Contreras habría solicitado, sin autorización, la contratación de dos personas con fondos del convenio, incluyendo a la psicóloga Paz Fuica Contreras, quien también está formalizada en el Caso Convenios. Debido a que Contreras ya se encuentra en prisión preventiva por otras aristas del Caso Convenios, el Juzgado de Garantía de Antofagasta accedió a posponer la discusión sobre las medidas cautelares para el 18 de octubre. La investigación en esta nueva arista del caso tiene un plazo de 75 días. En la segunda audiencia, se formalizó a M.D.O. y a L.C.M. en la arista Fibra. Según el fiscal Aguilar, en septiembre de 2022, el Minvu suscribió tres convenios con Fibra para obras en campamentos por un total de $430 millones. Contreras habría intervenido en el proceso, asegurando la asignación de proyectos a Fibra y favoreciendo a la empresa Triángulo Spa, de la cual L.C.M. obtuvo un lucro ilegítimo de $36.474.704 mediante facturas emitidas entre enero y diciembre de 2023. El tribunal determinó prisión preventiva para L.C.M. debido al peligro que representa para la seguridad de la sociedad, mientras que M.D.O. quedó con arraigo nacional. Con estas formalizaciones, el Caso Convenios acumula cuatro aristas judicializadas, sumando las ya desarrolladas en Democracia Viva, TomArte y Fibra.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta ha decidido extender el plazo de investigación en el caso Democracia Viva hasta el 14 de octubre, después de que la Fiscalía solicitara una ampliación de 48 días. La solicitud de extensión se basó en la necesidad de completar diligencias pendientes, que incluyen tareas por parte de la Brigada de Delitos Económicos de Antofagasta y el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones. Durante la audiencia, también se informó que las investigaciones relacionadas con Democracia Viva y la Fundación Cultural TomArte serán fusionadas en una sola investigación. El caso Democracia Viva, originado en 2022, investiga un presunto fraude al fisco en tres convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por un total de $426 millones. Entre los formalizados están Daniel Andrade, fundador de la organización, y la concejal de Antofagasta, Paz Fuica, ambos bajo arresto domiciliario. Por su parte, la investigación de la Fundación Cultural TomArte aborda cuatro convenios con el Minvu, lo que ha llevado a la formalización de Carlos Contreras por delitos de fraude al fisco y a Kelly Betancourt, gestora cultural, por cargos de lavado de activos, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. Ambas causas, ahora unificadas, seguirán bajo investigación hasta mediados de octubre, momento en el que se iniciará la fase de preparación del juicio oral.
La Fiscalía de Antofagasta ha solicitado al Juzgado de Garantía la formalización de investigación contra Carlos Contreras Gutiérrez, ex seremi de Vivienda y Urbanismo, por presunta participación en delitos de fraude al Fisco y cohecho. Estos cargos están relacionados con convenios firmados en 2022 entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Superación de la Pobreza. El Juzgado de Garantía ha programado la audiencia de formalización para el 9 de septiembre a las 10:00 horas. Además, a solicitud del Ministerio Público, se ha fijado otra audiencia para el 3 de septiembre a las 9:30 horas, donde Contreras será formalizado por delitos reiterados de fraude al Fisco en relación con convenios entre el Minvu y la Fundación Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra, también del año 2022.
