Fiscalía de Antofagasta entregó información con respecto a la detención de nueve ex cadetes del club de fútbol Cobreloa en diferentes ciudades de Chile en relación con el presunto caso de violación ocurrido el 17 de septiembre de 2021 en la casa formativa del club durante un asado por Fiestas Patrias. Dos de los detenidos, identificados como Luciano Parra y Rivaldo Hernández, aún forman parte del primer equipo de los Zorros y han tenido participación en la temporada actual de la Primera División. El desglose del fiscal Juan Castro Bekios explica que dos personas fueron detenidas en Calama, tres en Antofagasta, tres en Santiago y una en Osorno. Los aprehendidos serán trasladados a Calama para enfrentar un control de detención y una eventual formalización por el delito de violación, programados para el viernes. La investigación surge luego de que un ex cadete cuestionara públicamente la investigación interna del club, que concluyó que no se pudo corroborar el presunto delito. El fiscal regional confirmó que la Fiscalía Local de Calama solicitó las órdenes de detención sobre los nueve imputados, todos mayores de edad en el momento de los hechos, quienes eran cadetes del club en ese momento.
En una operación llevada a cabo por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Antofagasta, se logró la detención de un individuo de 46 años de edad, de nacionalidad chilena. Este individuo mantenía una orden de detención pendiente por Abuso Sexual en la ciudad de Taltal. La acción se desencadenó mientras los oficiales de esta unidad especializada realizaban diligencias vinculadas a la citada orden de aprehensión, la cual estaba pendiente por el delito de abuso sexual mayor de 14 años. La orden fue emitida por el Juzgado de Letras y Garantía de Taltal. La Comisario Carola Ortega Villanueva, quien se desempeña como jefa subrogante de la brigada especializada, destacó que esta acción es el fruto del arduo trabajo llevado a cabo por los detectives de la brigada. Además, resaltó que la detención del individuo permite avanzar significativamente en el cumplimiento de la justicia en casos de abuso sexual.
El Segundo Juzgado Civil de Antofagasta acogió la demanda interpuesta por una interna que fue víctima de violación en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Calama en octubre de 2018. La magistrada Andrea Przybyszewski Jopia ordenó al fisco indemnizar a la afectada con la suma de $25.000.000 por concepto de daño moral. La sentencia condena al fisco por falta de servicio, argumentando que no se cumplió con la obligación de garantizar la seguridad de la víctima, quien estaba bajo la custodia de Gendarmería al cumplir una medida cautelar de prisión preventiva. En el fallo, la magistrada expresó que el ataque sexual sufrido por la demandante implica una directa contravención al estándar o principio particular de deber de cuidado o custodia que la obliga, lo que se configura necesariamente en una falta de servicio, bajo su modalidad de funcionamiento tardío o imperfecto. La resolución destaca que la identidad de los agresores no altera la conclusión, ya que lo crucial es establecer la falta de servicio en la seguridad, sea por funcionarios de Gendarmería o terceros externos. La calidad de quien cometió el acto implica, de todas formas, un mal funcionamiento del servicio. El fallo detalla los eventos que llevaron a la demanda, señalando que en la madrugada del 25 de octubre de 2018, la interna, cumpliendo la medida cautelar en el CDP Calama, fue atacada por dos individuos no identificados. Estos individuos, valiéndose de esposas y mediante golpes, la violaron, causándole lesiones en sus extremidades y dejándola inconsciente tras una fuerte contusión en la cabeza. Con información de: Timeline
En una entrevista exclusiva con Teletrece, la joven que denunció a cadetes de Cobreloa por una presunta violación masiva rompió el silencio y compartió su angustiante experiencia. Aunque su identidad fue resguardada, su relato, editado parcialmente por la crudeza de esta situación, ofrece escalofriantes detalles de los hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2021. La denunciante describió cómo, tras ser invitada a un asado por un amigo, fue víctima de una agresión brutal en Casa Naranja, donde alega que participaron al menos ocho personas. Me pegaban cachetadas, me pegaban con un cinturón. Me ahorcaron también. Fueron bastante violentos, reveló la joven, destacando la extrema gravedad de la situación. Narró que, durante la agresión, le tomaron fotografías y realizaron videollamadas, humillándola y riéndose de su situación. La víctima expresó que se sintió mal, sucia, pero optó por no resistirse por temor a represalias mayores. Un día después, el 17 de septiembre de 2021, se acercó a Carabineros para presentar la denuncia. La joven también hizo hincapié en las dificultades que enfrentó al buscar justicia. Aunque el peritaje médico en el Hospital de Calama evidenció signos físicos sugerentes de violencia sexual flagrante, acusó que en la Policía de Investigaciones (PDI) le sugirieron abandonar la denuncia. Según sus palabras, le dijeron: Tienes que entender que es un club deportivo, tienen buenos abogados. ¿Tú qué tienes? Estás sola y no te ves tan afectada como las otras víctimas. Como consecuencia de la agresión sexual, la joven confesó haber sufrido depresión, autolesiones y aversión hacia los hombres. El caso ha generado reacciones en las autoridades, siendo tratado en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. El Comité Nacional de Arbitraje Deportivo también ha iniciado una investigación. Además, se reveló que el expresidente de Cobreloa, Fernando Ramírez, intentó denunciar el caso previamente, pero se encontró con resistencia por parte del directorio del club. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) sostiene que recibió la información recién en enero de 2023, contradiciendo la afirmación de María Elena Saavedra, madre de un exjugador de cadetes, quien asegura haber entregado antecedentes al Jefe de Gabinete en febrero de 2022. Ante la gravedad de la situación, el Fiscal Regional de Antofagasta ha ordenado la reapertura del caso. La PDI ha iniciado dos investigaciones administrativas, y abogados de la Fundación por los Sueños de la Infancia presentarán una querella criminal en las próximas horas contra quienes resulten responsables. Con información de: Redgol
Fiscalía de Antofagasta entregó información con respecto a la detención de nueve ex cadetes del club de fútbol Cobreloa en diferentes ciudades de Chile en relación con el presunto caso de violación ocurrido el 17 de septiembre de 2021 en la casa formativa del club durante un asado por Fiestas Patrias. Dos de los detenidos, identificados como Luciano Parra y Rivaldo Hernández, aún forman parte del primer equipo de los Zorros y han tenido participación en la temporada actual de la Primera División. El desglose del fiscal Juan Castro Bekios explica que dos personas fueron detenidas en Calama, tres en Antofagasta, tres en Santiago y una en Osorno. Los aprehendidos serán trasladados a Calama para enfrentar un control de detención y una eventual formalización por el delito de violación, programados para el viernes. La investigación surge luego de que un ex cadete cuestionara públicamente la investigación interna del club, que concluyó que no se pudo corroborar el presunto delito. El fiscal regional confirmó que la Fiscalía Local de Calama solicitó las órdenes de detención sobre los nueve imputados, todos mayores de edad en el momento de los hechos, quienes eran cadetes del club en ese momento.
En una operación llevada a cabo por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Antofagasta, se logró la detención de un individuo de 46 años de edad, de nacionalidad chilena. Este individuo mantenía una orden de detención pendiente por Abuso Sexual en la ciudad de Taltal. La acción se desencadenó mientras los oficiales de esta unidad especializada realizaban diligencias vinculadas a la citada orden de aprehensión, la cual estaba pendiente por el delito de abuso sexual mayor de 14 años. La orden fue emitida por el Juzgado de Letras y Garantía de Taltal. La Comisario Carola Ortega Villanueva, quien se desempeña como jefa subrogante de la brigada especializada, destacó que esta acción es el fruto del arduo trabajo llevado a cabo por los detectives de la brigada. Además, resaltó que la detención del individuo permite avanzar significativamente en el cumplimiento de la justicia en casos de abuso sexual.
El Segundo Juzgado Civil de Antofagasta acogió la demanda interpuesta por una interna que fue víctima de violación en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Calama en octubre de 2018. La magistrada Andrea Przybyszewski Jopia ordenó al fisco indemnizar a la afectada con la suma de $25.000.000 por concepto de daño moral. La sentencia condena al fisco por falta de servicio, argumentando que no se cumplió con la obligación de garantizar la seguridad de la víctima, quien estaba bajo la custodia de Gendarmería al cumplir una medida cautelar de prisión preventiva. En el fallo, la magistrada expresó que el ataque sexual sufrido por la demandante implica una directa contravención al estándar o principio particular de deber de cuidado o custodia que la obliga, lo que se configura necesariamente en una falta de servicio, bajo su modalidad de funcionamiento tardío o imperfecto. La resolución destaca que la identidad de los agresores no altera la conclusión, ya que lo crucial es establecer la falta de servicio en la seguridad, sea por funcionarios de Gendarmería o terceros externos. La calidad de quien cometió el acto implica, de todas formas, un mal funcionamiento del servicio. El fallo detalla los eventos que llevaron a la demanda, señalando que en la madrugada del 25 de octubre de 2018, la interna, cumpliendo la medida cautelar en el CDP Calama, fue atacada por dos individuos no identificados. Estos individuos, valiéndose de esposas y mediante golpes, la violaron, causándole lesiones en sus extremidades y dejándola inconsciente tras una fuerte contusión en la cabeza. Con información de: Timeline
En una entrevista exclusiva con Teletrece, la joven que denunció a cadetes de Cobreloa por una presunta violación masiva rompió el silencio y compartió su angustiante experiencia. Aunque su identidad fue resguardada, su relato, editado parcialmente por la crudeza de esta situación, ofrece escalofriantes detalles de los hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2021. La denunciante describió cómo, tras ser invitada a un asado por un amigo, fue víctima de una agresión brutal en Casa Naranja, donde alega que participaron al menos ocho personas. Me pegaban cachetadas, me pegaban con un cinturón. Me ahorcaron también. Fueron bastante violentos, reveló la joven, destacando la extrema gravedad de la situación. Narró que, durante la agresión, le tomaron fotografías y realizaron videollamadas, humillándola y riéndose de su situación. La víctima expresó que se sintió mal, sucia, pero optó por no resistirse por temor a represalias mayores. Un día después, el 17 de septiembre de 2021, se acercó a Carabineros para presentar la denuncia. La joven también hizo hincapié en las dificultades que enfrentó al buscar justicia. Aunque el peritaje médico en el Hospital de Calama evidenció signos físicos sugerentes de violencia sexual flagrante, acusó que en la Policía de Investigaciones (PDI) le sugirieron abandonar la denuncia. Según sus palabras, le dijeron: Tienes que entender que es un club deportivo, tienen buenos abogados. ¿Tú qué tienes? Estás sola y no te ves tan afectada como las otras víctimas. Como consecuencia de la agresión sexual, la joven confesó haber sufrido depresión, autolesiones y aversión hacia los hombres. El caso ha generado reacciones en las autoridades, siendo tratado en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. El Comité Nacional de Arbitraje Deportivo también ha iniciado una investigación. Además, se reveló que el expresidente de Cobreloa, Fernando Ramírez, intentó denunciar el caso previamente, pero se encontró con resistencia por parte del directorio del club. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) sostiene que recibió la información recién en enero de 2023, contradiciendo la afirmación de María Elena Saavedra, madre de un exjugador de cadetes, quien asegura haber entregado antecedentes al Jefe de Gabinete en febrero de 2022. Ante la gravedad de la situación, el Fiscal Regional de Antofagasta ha ordenado la reapertura del caso. La PDI ha iniciado dos investigaciones administrativas, y abogados de la Fundación por los Sueños de la Infancia presentarán una querella criminal en las próximas horas contra quienes resulten responsables. Con información de: Redgol