En medio del paro de actividades que ha mantenido movilizados a los docentes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, el seremi de Educación, Alonso Fernández, hizo un llamado urgente a avanzar en la construcción de acuerdos. El objetivo es permitir que las y los estudiantes de la comuna retornen lo más pronto posible a los establecimientos educacionales. Fernández, en un comunicado oficial, expresó su respeto por la movilización de los profesores, la cual se ha desencadenado tras la trágica muerte de Katherine Yoma y el debate subsiguiente sobre cómo reducir la violencia en las aulas y apoyar el bienestar de los equipos educativos. No obstante, hizo hincapié en la importancia de no interrumpir las clases, subrayando que la asistencia regular a la escuela es fundamental para el desarrollo académico y socioemocional de los estudiantes. Todos los actores del sector tenemos el desafío de contribuir al aseguramiento de las condiciones que permitan a niñas, niños y estudiantes ejercer su derecho a la educación y garantizar la continuidad de sus trayectorias educativas, afirmó el seremi Fernández. En este contexto, la autoridad regional llamó a docentes y a la CMDS a priorizar el diálogo y la construcción de acuerdos que faciliten el retorno a clases, mejoren la convivencia y resguarden el bienestar de todas y todos los integrantes de las comunidades educativas. Fernández también destacó la disposición del Ministerio de Educación (Mineduc) para facilitar acciones concretas en apoyo a las comunidades educativas. Esto incluye medidas relacionadas con la convivencia educativa, el bienestar laboral de los docentes y la prevención de conductas suicidas, así como la articulación intersectorial con el Ministerio de Salud (MINSAL).
La Seremi de Salud de Calama tomó medidas drásticas al prohibir el funcionamiento de una panadería ubicada en el centro de la ciudad. Tras una exhaustiva inspección, se descubrió que el establecimiento carecía de suministro de agua potable y presentaba condiciones higiénicas inaceptables, incluyendo la presencia de cucarachas vivas y muertas en sus instalaciones. La Seremi de Salud, Jessica Bravo, explicó que esta acción se llevó a cabo como parte del programa de Buenas Prácticas de Manufactura, que busca garantizar la calidad y seguridad de los alimentos ofrecidos al público. Durante la fiscalización, nuestros funcionarios encontraron una serie de irregularidades que representan un riesgo inminente para la salud de la población, señaló Bravo. Entre las irregularidades detectadas se incluye la falta de agua potable en el establecimiento, así como la presencia de cucarachas tanto vivas como muertas en diversas áreas, junto con una limpieza inadecuada y acumulación de harina en el piso. Ante estas condiciones, se ha iniciado un sumario sanitario contra la panadería, que permanecerá cerrada hasta que demuestre haber corregido completamente las deficiencias observadas durante la inspección.
En una acción conjunta, funcionarios de la oficina provincial de Calama de la Seremi de Salud, en colaboración con diversas entidades gubernamentales, llevaron a cabo un operativo de fiscalización en un mall chino ubicado en la avenida Balmaceda de la capital de El Loa. Como resultado, se retuvieron cerca de 9 mil productos por múltiples infracciones a normativas sanitarias. La seremi de Salud, Jessica Bravo, informó que la intervención se realizó en respuesta a una denuncia recibida a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias. En el lugar, los funcionarios constataron diversas irregularidades, entre las que se destacan la ausencia de correcta rotulación y etiquetado (según el artículo 107 del Reglamento Sanitario de los Alimentos, la carencia de resolución sanitaria para la venta de alimentos y deficiencias en los servicios higiénicos del personal. Como resultado de estos incumplimientos, se inició un sumario sanitario al establecimiento y se procedió a la retención de 29 carros de supermercado y nueve cajas que contenían aproximadamente 8,965 unidades de productos. Sorprendentemente, se descubrió que 2,240 de estos productos estaban vencidos desde comienzos del mes en curso. En una medida preventiva, Bravo indicó que se solicitó la retirada de los alimentos que sí cumplen con la reglamentación hasta que se acredite la necesaria resolución sanitaria para su venta. Los productos alimenticios, sumando un total de 1.18 toneladas, fueron trasladados al relleno sanitario para su disposición final. Este operativo contó con la participación de la Delegación Presidencial Provincial de Calama, Carabineros, Inspección del Trabajo, Aduanas, Sernac y la Municipalidad de Calama, evidenciando la importancia de la coordinación interinstitucional para velar por la salud y seguridad de los consumidores en la región.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo decidió poner fin de manera unilateral a los convenios suscritos con las fundaciones Movimiento Fibra, Tomarte y Urbanismo Social, debido a un cúmulo de irregularidades que han llevado a la institución a tomar medidas drásticas. Estas decisiones se suman a casos anteriores, como los de la Fundación Democracia Viva y ProCultura, y han sido justificadas por el nulo avance en la ejecución de los proyectos, rendiciones rechazadas y plazos agotados, según informaron fuentes oficiales del Ministerio. El diario El Mercurio de Antofagasta detalla que la gestora cultural colombiana Kelly Betancourt, representante legal de Tomarte, firmó convenios por $456 millones con el exseremi Contreras en enero de 2022. Sin embargo, los registros del Servicio de Impuestos Internos revelan falta de actividad asociada a la construcción de obras civiles menores. Ninguno de los convenios presentó rendiciones aprobadas, según resoluciones del Minvu. La investigación revela también la tercerización de servicios, donde Cynthia Cisternas, asistente administrativa del Minvu con responsabilidad en revisar rendiciones, estaba contratada con recursos de Democracia Viva. Su hermana Lorena Cisternas, representante de la Fundación Movimiento Fibra, suscribió contratos con la empresa Triángulo SpA, también de su propiedad. En el caso de Urbanismo Social, se suscribieron dos convenios para el diseño y urbanización de campamentos en Antofagasta por $227 millones. Las resoluciones indican que, pese a la transferencia de recursos, las rendiciones no fueron validadas, llevando al Minvu a liquidar ambos contratos. Fuente: SoyAntof
La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado la cuestión previa de la acusación constitucional presentada contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. La medida, establecida en el artículo 43 de la Constitución, busca determinar si la acción cuenta con fundamentos y cumple con las condiciones reglamentarias necesarias para proceder. Con un resultado de 79 votos a favor, 51 en contra y una abstención, la cuestión previa fue aprobada, lo que implica que la acusación se considera no interpuesta y, por lo tanto, se desecha definitivamente. Esta decisión contradice el informe positivo emitido por la comisión revisora. Durante la revisión en la comisión, la votación no vinculante arrojó un resultado de 3-2, con los votos a favor de los diputados Cristian Labbé (UDI), Natalia Romero (IND-UDI) y Víctor Pino (IND-Social Cristiano). En contraste, Tomás Hirsch (AH) y Emilia Nuyado (PS) se pronunciaron en contra de la acusación. Es importante recordar que el ministro Carlos Montes fue objeto de la acusación constitucional bajo la acusación de ser responsable político en relación con el Caso Convenios, específicamente en lo que respecta al traspaso de recursos a la Fundación Democracia Viva. Con información de: BioBio
En medio del paro de actividades que ha mantenido movilizados a los docentes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, el seremi de Educación, Alonso Fernández, hizo un llamado urgente a avanzar en la construcción de acuerdos. El objetivo es permitir que las y los estudiantes de la comuna retornen lo más pronto posible a los establecimientos educacionales. Fernández, en un comunicado oficial, expresó su respeto por la movilización de los profesores, la cual se ha desencadenado tras la trágica muerte de Katherine Yoma y el debate subsiguiente sobre cómo reducir la violencia en las aulas y apoyar el bienestar de los equipos educativos. No obstante, hizo hincapié en la importancia de no interrumpir las clases, subrayando que la asistencia regular a la escuela es fundamental para el desarrollo académico y socioemocional de los estudiantes. Todos los actores del sector tenemos el desafío de contribuir al aseguramiento de las condiciones que permitan a niñas, niños y estudiantes ejercer su derecho a la educación y garantizar la continuidad de sus trayectorias educativas, afirmó el seremi Fernández. En este contexto, la autoridad regional llamó a docentes y a la CMDS a priorizar el diálogo y la construcción de acuerdos que faciliten el retorno a clases, mejoren la convivencia y resguarden el bienestar de todas y todos los integrantes de las comunidades educativas. Fernández también destacó la disposición del Ministerio de Educación (Mineduc) para facilitar acciones concretas en apoyo a las comunidades educativas. Esto incluye medidas relacionadas con la convivencia educativa, el bienestar laboral de los docentes y la prevención de conductas suicidas, así como la articulación intersectorial con el Ministerio de Salud (MINSAL).
La Seremi de Salud de Calama tomó medidas drásticas al prohibir el funcionamiento de una panadería ubicada en el centro de la ciudad. Tras una exhaustiva inspección, se descubrió que el establecimiento carecía de suministro de agua potable y presentaba condiciones higiénicas inaceptables, incluyendo la presencia de cucarachas vivas y muertas en sus instalaciones. La Seremi de Salud, Jessica Bravo, explicó que esta acción se llevó a cabo como parte del programa de Buenas Prácticas de Manufactura, que busca garantizar la calidad y seguridad de los alimentos ofrecidos al público. Durante la fiscalización, nuestros funcionarios encontraron una serie de irregularidades que representan un riesgo inminente para la salud de la población, señaló Bravo. Entre las irregularidades detectadas se incluye la falta de agua potable en el establecimiento, así como la presencia de cucarachas tanto vivas como muertas en diversas áreas, junto con una limpieza inadecuada y acumulación de harina en el piso. Ante estas condiciones, se ha iniciado un sumario sanitario contra la panadería, que permanecerá cerrada hasta que demuestre haber corregido completamente las deficiencias observadas durante la inspección.
En una acción conjunta, funcionarios de la oficina provincial de Calama de la Seremi de Salud, en colaboración con diversas entidades gubernamentales, llevaron a cabo un operativo de fiscalización en un mall chino ubicado en la avenida Balmaceda de la capital de El Loa. Como resultado, se retuvieron cerca de 9 mil productos por múltiples infracciones a normativas sanitarias. La seremi de Salud, Jessica Bravo, informó que la intervención se realizó en respuesta a una denuncia recibida a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias. En el lugar, los funcionarios constataron diversas irregularidades, entre las que se destacan la ausencia de correcta rotulación y etiquetado (según el artículo 107 del Reglamento Sanitario de los Alimentos, la carencia de resolución sanitaria para la venta de alimentos y deficiencias en los servicios higiénicos del personal. Como resultado de estos incumplimientos, se inició un sumario sanitario al establecimiento y se procedió a la retención de 29 carros de supermercado y nueve cajas que contenían aproximadamente 8,965 unidades de productos. Sorprendentemente, se descubrió que 2,240 de estos productos estaban vencidos desde comienzos del mes en curso. En una medida preventiva, Bravo indicó que se solicitó la retirada de los alimentos que sí cumplen con la reglamentación hasta que se acredite la necesaria resolución sanitaria para su venta. Los productos alimenticios, sumando un total de 1.18 toneladas, fueron trasladados al relleno sanitario para su disposición final. Este operativo contó con la participación de la Delegación Presidencial Provincial de Calama, Carabineros, Inspección del Trabajo, Aduanas, Sernac y la Municipalidad de Calama, evidenciando la importancia de la coordinación interinstitucional para velar por la salud y seguridad de los consumidores en la región.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo decidió poner fin de manera unilateral a los convenios suscritos con las fundaciones Movimiento Fibra, Tomarte y Urbanismo Social, debido a un cúmulo de irregularidades que han llevado a la institución a tomar medidas drásticas. Estas decisiones se suman a casos anteriores, como los de la Fundación Democracia Viva y ProCultura, y han sido justificadas por el nulo avance en la ejecución de los proyectos, rendiciones rechazadas y plazos agotados, según informaron fuentes oficiales del Ministerio. El diario El Mercurio de Antofagasta detalla que la gestora cultural colombiana Kelly Betancourt, representante legal de Tomarte, firmó convenios por $456 millones con el exseremi Contreras en enero de 2022. Sin embargo, los registros del Servicio de Impuestos Internos revelan falta de actividad asociada a la construcción de obras civiles menores. Ninguno de los convenios presentó rendiciones aprobadas, según resoluciones del Minvu. La investigación revela también la tercerización de servicios, donde Cynthia Cisternas, asistente administrativa del Minvu con responsabilidad en revisar rendiciones, estaba contratada con recursos de Democracia Viva. Su hermana Lorena Cisternas, representante de la Fundación Movimiento Fibra, suscribió contratos con la empresa Triángulo SpA, también de su propiedad. En el caso de Urbanismo Social, se suscribieron dos convenios para el diseño y urbanización de campamentos en Antofagasta por $227 millones. Las resoluciones indican que, pese a la transferencia de recursos, las rendiciones no fueron validadas, llevando al Minvu a liquidar ambos contratos. Fuente: SoyAntof
La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado la cuestión previa de la acusación constitucional presentada contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. La medida, establecida en el artículo 43 de la Constitución, busca determinar si la acción cuenta con fundamentos y cumple con las condiciones reglamentarias necesarias para proceder. Con un resultado de 79 votos a favor, 51 en contra y una abstención, la cuestión previa fue aprobada, lo que implica que la acusación se considera no interpuesta y, por lo tanto, se desecha definitivamente. Esta decisión contradice el informe positivo emitido por la comisión revisora. Durante la revisión en la comisión, la votación no vinculante arrojó un resultado de 3-2, con los votos a favor de los diputados Cristian Labbé (UDI), Natalia Romero (IND-UDI) y Víctor Pino (IND-Social Cristiano). En contraste, Tomás Hirsch (AH) y Emilia Nuyado (PS) se pronunciaron en contra de la acusación. Es importante recordar que el ministro Carlos Montes fue objeto de la acusación constitucional bajo la acusación de ser responsable político en relación con el Caso Convenios, específicamente en lo que respecta al traspaso de recursos a la Fundación Democracia Viva. Con información de: BioBio