Este lunes la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó y despachó las normas de reemplazo, que incluyen el Estatuto Constitucional sobre Minerales, tras el rechazo en general por parte del Pleno del Segundo Informe elaborado por dicha comisión.
Tras analizar el contenido de las normas aprobadas, las cuatro asociaciones de industriales de la Macrozona Norte (AII-Tarapacá, AIA-Antofagasta, CORPROA-Atacama y CIDERE-Coquimbo), coincidieron en que el texto es nocivo y daña gravemente la actividad minera y su ecosistema, haciendo un llamado al Pleno para que prime el sentido común. “Este informe de reemplazo se basa en seguir atacando con persistencia y obstinación al corazón de la actividad minera y sus encadenamientos productivos en las regiones del norte de Chile. Pareciera que no se ha tomado nota de los rechazos anteriores que han tenido en el Pleno, pareciera que no escuchan. Peor aún, desconocen las particularidades de nuestra realidad histórica y productiva, y echa por tierra la tremenda oportunidad de incentivar el desarrollo de una industria minera sustentable, transparente, inclusiva y cuidadosa del medio ambiente”. Señalaron los 4 líderes.
El presidente de la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal, Leopoldo Bailac, comentó. “La IND 150, donde se hacen sustituciones al Artículo 27 señala explícitamente que <<El Estado desarrollará de manera exclusiva la actividad minera sobre los hidrocarburos en estado líquido o gaseoso, litio y tierras raras>>. Esto significa que se insiste con un modelo de estatización para estos recursos minerales. Nos parece que esta Comisión no tomó nota de que se les rechazó antes el informe por sus propuestas radicales y desconectadas de la realidad”.
A su vez, Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, se refirió al texto que indica que <<En el caso del cobre, el Estado explorará y explotará por sí mismo, y podrá hacerlo en asociación con particulares siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado>>. Al respecto, señaló que esta indicación “insiste en dañar al ecosistema minero, insiste con terquedad en mirar al pasado para seguir proponiendo un modelo pro-nacionalización. Esto resulta incomprensible, se persiste en acabar con la minería que desarrollamos históricamente las regiones del norte de Chile”.

COMUNICADO DE PRENSA

Daniel Llorente Viñales, presidente de CORPROA, abordó el texto que dice que <<Todas las actividades mineras requerirán autorización administrativa otorgada por la autoridad competente. Estas determinarán las condiciones de exploración y extracción>>. Sobre este punto, comentó: “Todos los especialistas indicaron que era clave mantener la certeza jurídica con respecto al régimen de concesiones mineras. Pero, nuevamente, nos encontramos con algunos constituyentes sesgados y que no quieren escuchar, ni dialogar. El Gobierno del Presidente Boric ha llamado a cuidar y promover la inversión en minería, pero cambiar el régimen de concesiones de esta manera va exactamente en el sentido opuesto”.
El presidente de CIDERE, Francisco Puga, comentó la IND 154, para agregar un nuevo artículo inmediatamente después del artículo 27 del siguiente tenor: <<Artículo 28. La ley regulará las regalías u otro tipo de compensaciones patrimoniales que deberá percibir el Estado por la explotación y aprovechamiento de las sustancias señaladas en el inciso primero de este artículo>>. Según Puga, esta redacción no hace más que elevar la desazón de la industria minera y sus encadenamientos, toda vez que eleva a rango constitucional una discusión que ya se está haciendo a nivel de Congreso, como es el caso del Royalty minero. “Además, los constituyentes al parecer no se han dado cuenta de sus contradicciones: por una parte, promueven que la minería sea estatal, pero por otra, plantean el royalty… ¿Quién va a pagar el royalty si no hay privados? ¿El Estado se va a pagar a sí mismo? Estos temas debieran abordarse con más claridad”, aseveró. Finalmente, los cuatro líderes de la Macrozona Norte, a su vez, reconocen que la Comisión incorporó aspectos destacables y muy necesarios, como el establecimiento de una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, o la promoción de la Educación Ambiental, pero resaltan que esto se contrapone al analizar todas las indicaciones en su conjunto.